El Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (Clippve) ha elevado una exigencia formal ante las autoridades nacionales para que se inicie una investigación imparcial y exhaustiva sobre los graves señalamientos de torturas ocurridos en el centro penitenciario Rodeo I, ubicado en el estado Miranda. Esta solicitud surge tras un encuentro calificado como infructuoso con el ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García, donde los representantes de la organización denunciaron una actitud de negación y descalificación por parte del funcionario frente a los testimonios presentados por allegados de los reclusos.

La organización señaló que la reunión, lejos de servir como un espacio de diálogo para la protección de los derechos humanos, se convirtió en un escenario de revictimización. Según el comunicado emitido, las autoridades penitenciarias optaron por cuestionar la veracidad de las denuncias y desacreditar el trabajo de los defensores, en lugar de atender las urgentes necesidades de seguridad de los detenidos. Esta postura, según el comité, busca desalentar la denuncia pública y eludir la responsabilidad estatal en la protección de quienes se encuentran bajo custodia del sistema carcelario.

El origen de esta crisis se remonta a las secuelas dejadas por los movimientos telúricos que sacudieron al país el pasado 24 de junio. Tras dichos eventos sísmicos, que han dejado un saldo trágico superior a los 5.000 fallecidos a nivel nacional, las condiciones de vida dentro del penal de Rodeo I se deterioraron drásticamente. Los familiares de los reclusos han reportado una precariedad creciente, marcada por la falta de una alimentación adecuada y el colapso parcial de diversas estructuras internas que resultaron dañadas por el desastre natural.

La tensión alcanzó su punto máximo cuando se informó que diversos presos políticos fueron objeto de agresiones físicas, incluyendo impactos de perdigones y el uso de gases lacrimógenos, con el aparente objetivo de forzarlos a desalojar las áreas comunes del patio donde permanecían desde los sismos. Ante la ausencia de un balance oficial por parte del Ejecutivo sobre el estado de las cárceles y la situación de los privados de libertad tras la catástrofe, el Clippve ha solicitado la intervención de organismos internacionales.

La organización exige la destitución inmediata del ministro del Servicio Penitenciario y de los funcionarios implicados en estos abusos, argumentando un incumplimiento sistemático del deber de salvaguardar la integridad de los reclusos. Asimismo, han solicitado el ingreso urgente de representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y del Comité Internacional de la Cruz Roja. El objetivo es que estos entes realicen una verificación independiente de las condiciones de reclusión, garantizando así una supervisión externa que el Estado venezolano no ha permitido hasta la fecha, en medio de una crisis humanitaria que afecta tanto a la población civil como a los sectores bajo custodia estatal.