La organización no gubernamental Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) ha solicitado formalmente una evaluación técnica independiente de las instalaciones de la cárcel Rodeo I, ubicada en el estado Miranda. Esta petición surge como respuesta a la preocupación por la integridad estructural del recinto tras los dos movimientos telúricos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron la región el pasado 24 de junio. Según la organización, la falta de protocolos preventivos y la ausencia de inspecciones externas han generado un clima de incertidumbre entre los reclusos y sus familiares.

La preocupación principal de los detenidos, particularmente de los presos políticos recluidos en el penal, radica en la posibilidad de quedar confinados en celdas cuya seguridad no ha sido verificada tras los sismos. De acuerdo con la denuncia emitida por la ONG, los internos se encuentran actualmente en áreas comunes bajo estricta vigilancia, pero temen ser obligados a regresar a espacios que podrían haber sufrido daños estructurales significativos. A esta inquietud se suma el temor de que las autoridades penitenciarias utilicen grupos de respuesta inmediata o fuerzas de seguridad para forzar el retorno a estas celdas sin las garantías técnicas necesarias.

Además de la solicitud de inspección, la organización ha denunciado una situación de vulnerabilidad constante para los reclusos. Según los reportes, persisten las amenazas y el miedo a represalias por parte de los funcionarios penitenciarios. La ONG ha señalado que, en lugar de recibir medidas de protección, los familiares han percibido un abandono institucional, manifestado en el deterioro de la calidad de la alimentación y la falta de atención a los daños físicos que presenta la infraestructura carcelaria tras el desastre natural.

El conflicto se ha intensificado tras una reunión reciente entre representantes de la ONG y el ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García. La organización sostiene que, durante este encuentro, las autoridades minimizaron las denuncias sobre torturas y condiciones de reclusión, intentando desacreditar la documentación presentada por grupos independientes. Ante esta postura, el Comité ha solicitado la destitución del titular de la cartera penitenciaria, argumentando un incumplimiento reiterado en el deber de proteger los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad y la revictimización de sus allegados.

La responsabilidad de garantizar la seguridad y los derechos humanos en este contexto, según la ONG, recae directamente sobre el Ejecutivo. Ante la falta de un balance oficial por parte de las autoridades venezolanas sobre el estado de las cárceles tras los terremotos, se ha hecho un llamado urgente para permitir el ingreso de organismos nacionales e internacionales independientes. El objetivo es realizar una evaluación imparcial que garantice la vida de los internos y cese la criminalización contra quienes denuncian las condiciones actuales en Rodeo I.