Tras el impacto devastador de los dos sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudieron la zona norte de Venezuela el pasado 24 de junio, una masiva movilización de profesionales ha tomado las calles. Ingenieros civiles, arquitectos, especialistas en estructuras, maestros de obra y estudiantes, junto a bomberos y personal de Protección Civil, han dejado de lado sus actividades cotidianas para conformar brigadas voluntarias. Estos equipos trabajan bajo la coordinación del Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) y la Comisión Presidencial de Habitabilidad y Viviendas, con el objetivo de levantar un mapa detallado de los daños estructurales provocados por los movimientos telúricos. Las estimaciones basadas en imágenes satelitales de la NASA sugieren que la cifra de edificaciones destruidas o con afectaciones graves podría ascender a 58.870 en toda la región.

Entre estos voluntarios destaca Betzi Gutiérrez, una ingeniera que, a pesar de haber perdido su propia vivienda en la localidad de Macuto, estado La Guaira, ha decidido dedicar sus conocimientos a la reconstrucción. Gutiérrez, quien se encontraba fuera de su hogar cuando ocurrieron los terremotos, regresó para encontrar su propiedad reducida a escombros tras 16 años de haberla construido. Su testimonio refleja la realidad de miles de personas en la zona costera, la más golpeada por el desastre, que además ha dejado un saldo superior a los 5.000 fallecidos. Actualmente, mientras busca apoyo económico a través de plataformas digitales y se refugia temporalmente con allegados, continúa realizando labores de inspección en Caracas como una forma de retribución a su país.

El proceso de evaluación en terreno se realiza mediante un sistema de semáforo implementado por el CIV, en colaboración con universidades locales y el apoyo técnico de la diáspora venezolana. Tras una inspección técnica, cada vivienda recibe una etiqueta: verde para estructuras habitables, amarilla para daños moderados que requieren precaución, y roja para aquellas con daños severos que representan un alto riesgo. Esta metodología se apoya en una aplicación digital diseñada para sistematizar la recolección de datos. Más de 200 brigadas capacitadas recorren los edificios, analizando no solo la integridad estructural, sino también el estado de las instalaciones de gas, agua, electricidad y los sistemas de ascensores.

El ingeniero Claudio Tranquillini, quien lidera una de estas brigadas, detalla que el protocolo comienza con una observación externa de la fachada antes de ingresar a los edificios. Una vez dentro, los especialistas buscan el denominado "piso crítico", examinando columnas, vigas, grietas y el estado del acero de refuerzo. El trabajo es minucioso y requiere evaluar incluso la interacción entre edificaciones colindantes. Desde el 8 de julio, se ha logrado un promedio de 300 a 400 inspecciones diarias en la capital, excluyendo sectores como el municipio Chacao, donde las autoridades locales manejan sus propios registros. El Colegio de Ingenieros continúa capacitando nuevo personal para acelerar el proceso y extender las evaluaciones a las zonas más afectadas de La Guaira, con el compromiso de hacer pública toda la información recabada.