En el marco de la conmemoración del Día del Niño este 19 de julio, diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos han alzado su voz para exigir una atención prioritaria hacia la población infantil y adolescente afectada por los terremotos ocurridos el pasado 24 de junio en Venezuela. Instituciones como Save the Children, Cecodap y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han subrayado que la emergencia sísmica no solo ha provocado daños materiales significativos, sino que ha generado nuevas y urgentes necesidades en materia de salud mental, protección, educación y garantía de derechos fundamentales.

La situación es particularmente crítica para aquellos menores que permanecen en refugios temporales o espacios improvisados. Save the Children ha advertido sobre los riesgos que enfrentan estos niños debido a la carencia de condiciones adecuadas de vivienda, acceso a agua potable y servicios de higiene. La organización enfatiza que la respuesta humanitaria debe ser inclusiva y contemplar a los grupos de mayor vulnerabilidad, tales como menores con discapacidad, aquellos que han perdido a sus familias o quienes han quedado sin hogar tras el desastre natural.

Por su parte, Cecodap, a través de la Agencia de Periodistas Amigos de la Niñez y Adolescencia (Agencia PANA), ha documentado el impacto directo de los sismos en la infancia. El informe destaca las consecuencias del desplazamiento forzado y la interrupción de las rutinas escolares como factores que agravan la situación. Se ha revelado que al menos 900 escuelas distribuidas en nueve estados del país sufrieron daños, lo que genera una profunda incertidumbre sobre la continuidad educativa de miles de estudiantes venezolanos.

La ONU ha cifrado en 680.000 el número de niños que requieren asistencia humanitaria urgente tras los eventos sísmicos. Según el organismo, las prioridades deben centrarse en garantizar el acceso a servicios esenciales, incluyendo agua potable, saneamiento, atención sanitaria y nutrición. La agencia internacional alertó que los daños estructurales en hospitales y centros educativos han afectado gravemente la prestación de servicios básicos, impactando especialmente a niños y mujeres embarazadas en diversas zonas del territorio nacional.

Otras organizaciones, como Caleidoscopio Humano y Unicef, se han sumado a este llamado, reiterando la exigencia de un futuro digno para la infancia venezolana. Estas entidades han instado al Estado a garantizar una protección integral que combine educación de calidad, salud y una alimentación adecuada. Los defensores de derechos humanos coinciden en que la asistencia no debe limitarse a la entrega de ayuda material. Es imperativo proporcionar espacios seguros y acompañamiento psicológico para que los menores puedan superar las experiencias traumáticas marcadas por el miedo, la separación de sus comunidades y la incertidumbre ante el futuro.