Los eventos telúricos, como el ocurrido recientemente en la costa central de Venezuela, no deben ser catalogados como "desastres naturales", sino como el resultado de una compleja interacción entre fenómenos naturales y la forma en que las sociedades humanas habitan y se relacionan con su entorno. La naturaleza, en su esencia, es un conjunto de fenómenos que existen independientemente de la presencia humana. Es la ocupación del espacio, las decisiones de planificación territorial y la estructura social las que determinan si un evento sísmico o un huracán se traduce en una catástrofe con pérdidas humanas y materiales significativas.

Históricamente, la costa central venezolana ha estado sujeta a un proceso de ocupación territorial que priorizó intereses económicos y recreativos sobre la seguridad y la resiliencia de sus habitantes. Desde la época colonial, con la siembra de cacao y el uso de mano de obra esclava, hasta la transformación del litoral en un balneario para la capital a partir del siglo XX, las decisiones sobre el uso del suelo han ignorado las condiciones geográficas y la exposición a fenómenos naturales. La parcelación de tierras, la construcción de urbanizaciones, hoteles y edificios de segunda vivienda sobre abanicos aluviales y zonas de riesgo, como se evidenció dramáticamente en los aludes de 1999, son testimonios de una profunda vulnerabilidad estructural.

La noción de "desastre natural" oculta la responsabilidad humana y social en la generación de estas crisis. Las epidemias, como el cólera o la COVID-19, no se propagan por sí solas; requieren de condiciones sociales, económicas y de movilidad que facilitan su expansión. De manera similar, un terremoto no causa destrucción si no hay estructuras débiles o asentamientos en zonas de alto riesgo. La desigualdad ante la muerte, la falta de solidaridad y las políticas estatales deficientes son factores determinantes que convierten un fenómeno natural en una tragedia humana.

La vulnerabilidad, en este contexto, no es una condición inherente a la fragilidad física ante un sismo, sino una construcción histórica y social. Se manifiesta en la forma en que una sociedad se organiza, en las desigualdades que la atraviesan y en su relación con el medio ambiente. En el litoral central venezolano, esta vulnerabilidad se ha cimentado a lo largo de décadas, marcada por la dependencia de Caracas, la falta de fuentes de trabajo diversificadas, la ausencia de infraestructuras educativas y de transporte adecuadas, y un Estado que, en lugar de proteger a sus ciudadanos, ha priorizado intereses particulares y la ocupación de zonas de riesgo.

Las consecuencias de esta vulnerabilidad estructural se hacen evidentes tras cada evento natural adverso. Las ruinas de edificios, la pérdida de vidas y la destrucción del patrimonio son la expresión más dramática de una sociedad que no ha logrado adaptarse a su entorno ni garantizar la seguridad de sus habitantes. La falta de inversión en prevención, la corrupción y la desidia estatal perpetúan un ciclo de desastres que podrían ser mitigados con una planificación territorial consciente y un enfoque centrado en el bienestar humano.

En definitiva, el sismo del 24 de junio en Venezuela no fue un acto de la naturaleza, sino un llamado de atención sobre las profundas fallas en la forma en que la sociedad ha interactuado con su entorno. La reconstrucción y la prevención futura deben basarse en el reconocimiento de esta vulnerabilidad social e histórica, abordando las causas estructurales que la originan y garantizando que las decisiones sobre el territorio prioricen la vida y la seguridad de las personas por encima de cualquier otro interés.