El gobierno de Venezuela ha logrado concretar el acceso a un monto de 346 millones de dólares provenientes de sus propios recursos depositados en el Fondo Monetario Internacional (FMI). Este capital financiero será destinado de manera exclusiva a financiar los esfuerzos de recuperación y reconstrucción nacional tras el impacto de los devastadores movimientos telúricos que azotaron la nación el pasado 24 de junio. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, confirmó la noticia mediante un comunicado oficial, destacando que estos fondos resultan fundamentales para atender las necesidades inmediatas de las familias damnificadas, así como para la rehabilitación de infraestructuras críticas y la restitución de servicios públicos esenciales.

La gestión para liberar estos activos se intensificó tras una comunicación directa entre la mandataria venezolana y la directora gerente del organismo internacional, Kristalina Georgieva, realizada a inicios de julio. Durante dicho contacto, se abordó la posibilidad de movilizar el denominado tramo de reserva del país, una fuente de liquidez de fácil acceso diseñada precisamente para situaciones de emergencia. Representantes del FMI aclararon que este mecanismo es independiente de los Derechos Especiales de Giro (DEG) que permanecen retenidos, los cuales ascienden a una cifra significativamente mayor, cercana a los 4.500 millones de dólares.

El impacto de los sismos ha sido catastrófico para el país, dejando un saldo trágico que supera las 5.000 víctimas mortales y más de 16.700 personas heridas. La región de La Guaira, ubicada en la zona norte y colindante con la capital, Caracas, ha sido identificada como el área con mayor nivel de destrucción. Además, la crisis habitacional es alarmante, con cerca de 18.000 ciudadanos que han perdido sus hogares. No obstante, las autoridades gubernamentales advierten que esta cifra podría incrementarse considerablemente, ya que las labores de evaluación técnica en las edificaciones que permanecen en pie continúan, estimándose que la demanda de soluciones habitacionales podría alcanzar las 25.000 viviendas.

Este acceso a recursos financieros marca un punto de inflexión en la relación entre Caracas y el organismo multilateral, la cual había permanecido suspendida desde el año 2019. Fue apenas en abril pasado cuando ambas partes retomaron los contactos, estableciendo una dinámica de comunicación regular orientada a normalizar los procedimientos técnicos necesarios para que el país pueda, a futuro, volver a utilizar diversos instrumentos financieros internacionales.

A pesar de este avance, el Ejecutivo venezolano mantiene su postura crítica respecto a las sanciones económicas impuestas al país. En el marco de la emergencia, la presidenta encargada ha reiterado su exigencia para que cesen las medidas restrictivas que, según su administración, obstaculizan el flujo de recursos necesarios para la reconstrucción. Como parte de esta estrategia de búsqueda de liquidez, el gobierno también ha solicitado formalmente al Banco de Inglaterra la liberación de reservas de oro que se encuentran retenidas en dicha institución británica, buscando diversificar las fuentes de financiamiento para afrontar la crisis humanitaria.