Familias afectadas por los terremotos ocurridos el pasado 24 de junio en Venezuela han alzado su voz para denunciar una serie de obstáculos burocráticos y falta de transparencia en la implementación del plan hipotecario especial diseñado por el Ejecutivo. Los damnificados, particularmente en el sector Playa Grande del estado La Guaira, señalan que el proceso para acceder a las soluciones habitacionales prometidas se ha convertido en una fuente de incertidumbre debido a la desinformación y a los retrasos administrativos.

El programa habitacional, impulsado bajo la gestión de Delcy Rodríguez, fue diseñado con dos esquemas de financiamiento para cubrir inmuebles de hasta 100 mil dólares. Para propiedades de hasta 70 mil dólares, se estableció un subsidio estatal del 80% y un crédito bancario del 20% a pagar en 25 años. En el caso de viviendas con un valor entre 70.001 y 100 mil dólares, el subsidio se reduce al 50%, con el restante 50% financiado a través de un crédito a 25 años. Ambas modalidades incluyen un año de gracia, una tasa de interés anual del 5% y un recargo por mora del 1%.

A pesar de estas condiciones, los ciudadanos afectados sostienen que las reglas no han sido comunicadas con claridad. Diversos testimonios indican que, al intentar gestionar los créditos, se han encontrado con funcionarios bancarios que desconocen los procedimientos, lo que ha generado una sensación de desprotección. Un damnificado, quien prefirió mantener su identidad bajo reserva, calificó la situación como un error de planificación por parte del Estado al anunciar montos que, en la práctica, no se están cumpliendo.

Las dificultades se han extendido a la gestión operativa. Familias que han buscado adquirir propiedades fuera del estado La Guaira, específicamente en Valencia, estado Carabobo, reportaron irregularidades en la atención del Banco Digital de los Trabajadores. Los solicitantes denuncian que, tras entregar la documentación requerida, los plazos de respuesta prometidos —inicialmente de cinco días hábiles— se han extendido por semanas sin recibir notificaciones formales sobre el estado de sus expedientes.

Además de los retrasos, los afectados han denunciado una reducción unilateral en los montos financieros aprobados. Algunos solicitantes que requerían el tope de 100 mil dólares para adquirir una vivienda recibieron notificaciones de preaprobación por cifras significativamente menores, como 60 mil dólares, lo cual resulta insuficiente para cubrir sus necesidades habitacionales. Esta discrepancia entre lo anunciado y lo ejecutado ha dejado a muchas familias en una situación de vulnerabilidad, a la espera de respuestas concretas por parte de las autoridades competentes.