A más de un mes de los sismos que impactaron al estado La Guaira, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha emitido una alerta sobre la situación crítica que enfrentan 25 mujeres recluidas en el Retén de Caraballeda. Según la organización, este centro de detención presenta daños estructurales significativos que no han sido atendidos desde el 24 de junio, fecha en la que ocurrieron los movimientos telúricos que afectaron a la entidad. La ONG sostiene que las instalaciones carecen de las condiciones necesarias para garantizar la integridad física y el bienestar de las detenidas, exigiendo a las autoridades una intervención inmediata y el traslado de las reclusas a recintos que cumplan con los estándares legales nacionales e internacionales.

El deterioro del inmueble se hizo evidente tras el colapso de una pared trasera durante los terremotos. Aunque inicialmente las mujeres fueron evacuadas por los funcionarios de guardia, la organización cuestiona la decisión oficial de retornar a las reclusas al centro afectado pocos días después del desastre, mientras que la población masculina fue trasladada a una sede policial sin daños estructurales. Esta disparidad en el manejo de la emergencia ha sido señalada por la ONG como una vulneración a los derechos fundamentales de las mujeres, contraviniendo lo establecido en la Constitución venezolana y normativas internacionales como las Reglas Mandela y las Reglas de Bangkok.

La situación en el retén se vio agravada por la falta de servicios básicos. Durante semanas, las mujeres carecieron de acceso a agua potable, dependiendo exclusivamente de los alimentos suministrados por sus familiares para subsistir. Si bien el suministro hídrico comenzó a restablecerse un mes después de la emergencia, el OVP advierte que el agua disponible es apta únicamente para el aseo personal, no para el consumo humano. Además, el ambiente de incertidumbre se intensificó tras el sismo, cuando una falsa alerta de tsunami provocó escenas de pánico tanto en el personal de custodia como en las personas privadas de libertad.

El caos derivado de los eventos sísmicos también afectó la logística de seguridad. Tras el desastre, los detenidos fueron llevados temporalmente a la sede policial de Macuto, un proceso durante el cual se reportó inicialmente la fuga de seis mujeres. Aunque algunas se entregaron posteriormente en dependencias policiales, las autoridades no han ofrecido una versión oficial clara sobre estos hechos ni sobre el impacto general de la catástrofe en el sistema penitenciario regional.

Cabe recordar que los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el 24 de junio dejaron un saldo devastador en la región, con más de 5.500 personas fallecidas, cerca de 16.740 heridos y aproximadamente 18.000 damnificados. El balance oficial reportó 190 edificaciones colapsadas y 856 estructuras con daños. A pesar de la magnitud de la tragedia, el Ejecutivo nacional aún no ha emitido un informe detallado sobre la situación específica de los centros de reclusión afectados, dejando en un vacío de información la seguridad de quienes permanecen bajo custodia estatal en las zonas impactadas.