El pasado miércoles, las autoridades sanitarias de Panamá confirmaron el fallecimiento de Elena Barría, una mujer de 68 años que se encontraba hospitalizada tras sufrir graves heridas durante el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió al país el viernes 9 de octubre de 2026. Este deceso marca la primera muerte oficial vinculada directamente al sismo, el cual dejó un saldo de cerca de una treintena de personas lesionadas. La Caja del Seguro Social (CSS), institución que gestionaba la atención de la paciente, emitió un comunicado expresando sus condolencias a los familiares y allegados de la víctima.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, se pronunció al respecto a través de redes sociales, explicando que la paciente presentaba complicaciones de salud preexistentes, incluyendo una amputación derivada de una diabetes severa. Según el mandatario, los traumas físicos sufridos durante el evento sísmico, sumados a su condición médica previa, dificultaron su recuperación a pesar de los esfuerzos del personal médico. Por su parte, los familiares de la fallecida precisaron que, aunque la cirugía abdominal a la que fue sometida tras el accidente resultó exitosa, la mujer sufrió posteriormente un infarto que le costó la vida.

Barría residía en la localidad de Macaracas, una de las zonas con mayores afectaciones materiales tras el movimiento telúrico. Según el relato de sus allegados y vecinos, la vivienda de la mujer colapsó durante el sismo, provocándole una perforación abdominal causada por una viga de hierro. Su rescate fue una labor compleja realizada por un hijo y dos vecinos, quienes lograron extraerla de entre los escombros y trasladarla en un vehículo particular hacia un centro asistencial.

El proceso de atención médica ha sido objeto de cuestionamientos por parte de los familiares y testigos del rescate. Según denunciaron, al llegar al centro de urgencias local, la paciente debió esperar más de una hora en la calle antes de recibir asistencia, a pesar de la gravedad de sus heridas. Tras este periodo inicial, fue trasladada a un hospital regional y posteriormente a la capital panameña para ser intervenida quirúrgicamente. Vecinos de la zona lamentaron el desenlace, expresando que una atención más inmediata podría haber cambiado el curso de los acontecimientos.

El sismo, cuya magnitud fue estimada en 7,7 por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y en 7,5 por el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, ha dejado un panorama de destrucción considerable. Los registros oficiales indican que más de 11.500 personas han sido afectadas directamente, con cerca de 3.700 ciudadanos resguardados en albergues temporales. El impacto en la infraestructura es significativo, contabilizándose más de 3.300 viviendas dañadas, de las cuales 727 fueron destruidas, además de afectaciones en cientos de centros educativos, edificios gubernamentales, centros de salud y diversas vías de comunicación en todo el territorio nacional.