Una nueva propuesta legislativa en Estados Unidos busca prohibir la comercialización de información sensible de los ciudadanos, específicamente datos relacionados con la salud y la ubicación geográfica. Esta iniciativa, denominada Ley de Protección de Datos de Salud y Ubicación, pretende actualizar una versión previa presentada originalmente en 2022, adaptándola a los desafíos actuales que plantea el auge de la inteligencia artificial. El proyecto de ley, impulsado por la senadora Elizabeth Warren y la representante Mary Gay Scanlon, busca cerrar vacíos legales que permiten a los intermediarios de datos lucrarse con información personal privada.

La actualización de este marco regulatorio es una respuesta directa a la creciente integración de la inteligencia artificial en el sector médico. En los últimos meses, diversos laboratorios de IA han lanzado productos diseñados para procesar historiales clínicos, escaneos médicos y otros datos de salud. Empresas líderes en el sector han fomentado activamente que los usuarios carguen sus registros médicos en sus plataformas, prometiendo entornos más seguros o herramientas especializadas para proveedores de salud. Sin embargo, esta tendencia ha generado una preocupación creciente sobre cómo se gestiona y protege dicha información una vez que ingresa a los sistemas de estas compañías.

Actualmente, la protección de la privacidad en estas plataformas depende en gran medida de las políticas internas y los términos de uso establecidos por cada empresa tecnológica. Expertos en derecho han señalado que, ante la ausencia de un marco federal integral de privacidad de datos en Estados Unidos, los usuarios quedan en una posición de vulnerabilidad frente a posibles brechas de seguridad o accesos no autorizados. La nueva propuesta legislativa busca cambiar este paradigma, extendiendo la prohibición de venta de datos no solo a los intermediarios tradicionales, sino también a cualquier compañía que maneje información ingresada en sistemas de inteligencia artificial.

El proyecto de ley cuenta con el respaldo de figuras como los senadores Ron Wyden y Bernie Sanders, y establece mecanismos estrictos para su cumplimiento. La propuesta otorga a la Comisión Federal de Comercio (FTC) un plazo de 180 días para implementar las normativas necesarias una vez aprobada la ley. Además, contempla una asignación presupuestaria de mil millones de dólares a lo largo de la próxima década para fortalecer las capacidades de supervisión y ejecución de la agencia. Esto permitiría no solo a la propia FTC, sino también a los fiscales generales estatales y a los ciudadanos afectados, emprender acciones legales contra quienes infrinjan estas disposiciones.

Los promotores de la iniciativa subrayan la urgencia de frenar las prácticas de intermediarios que obtienen beneficios económicos significativos a costa de la información más íntima de la población. A medida que la adopción de herramientas de inteligencia artificial se vuelve más común en el ámbito cotidiano y médico, el riesgo de que estos datos sean explotados por terceros aumenta considerablemente. Con esta legislación, se busca garantizar que la información de salud, al ser procesada por algoritmos avanzados, no se convierta en una mercancía sujeta a la mejor oferta en el mercado de datos.