El inicio del año escolar 2026-2027 en el estado Sucre ha estado marcado por la incertidumbre respecto a la seguridad de las infraestructuras educativas. Tras los sismos registrados el pasado 24 de junio, los planteles de la entidad comenzaron sus actividades académicas sin haber recibido una evaluación estructural oficial que garantice su estabilidad ante futuros eventos sísmicos. Esta situación persiste a pesar de que diversas organizaciones, incluyendo el Colegio de Ingenieros del estado Sucre (CIES), Protección Civil y el cuerpo de Bomberos de Cumaná, conformaron brigadas especializadas para realizar inspecciones técnicas en la región.

La presidenta del CIES, Cristina Blanco de Santana, señaló que se realizaron solicitudes formales ante la Alcaldía del municipio Sucre y la Gobernación regional para permitir el ingreso de estas brigadas a los centros educativos. Según los expertos, la vulnerabilidad de las edificaciones escolares se ha visto incrementada por factores como filtraciones, modificaciones estructurales no autorizadas y el aumento de peso debido a la instalación de tanques de agua, una medida adoptada por los planteles ante la crisis hídrica que afecta a la zona desde febrero.

Aunque el pasado 2 de julio la gobernación instaló una mesa técnica para supervisar las escuelas, dada la ubicación geográfica de Sucre en una de las zonas de mayor riesgo sísmico del país, los avances han sido limitados. Hasta la fecha, las brigadas de ingenieros han logrado articular acciones principalmente con comercios e instituciones privadas, cuyos representantes solicitaron evaluaciones particulares por preocupación ante el estado de las estructuras. En el sector público, sin embargo, la falta de un diagnóstico oficial se mantiene como una preocupación latente para la comunidad educativa.

Ante este panorama, el Comando Intersindical del Magisterio Sucrense ha tomado la iniciativa. José Teixeira, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación en Venezuela (Fenatev Sucre), informó que el gremio docente y los trabajadores realizarán su propio inventario para determinar las condiciones reales de los planteles. Esta medida busca suplir la ausencia de información oficial, permitiendo que sean los propios trabajadores quienes documenten el estado de las instalaciones donde se desarrolla la jornada escolar.

El CIES, por su parte, mantiene la aspiración de ampliar su alcance con un equipo de 200 ingenieros civiles experimentados para evaluar más de 300 edificaciones en los 15 municipios del estado. El objetivo es clasificar las estructuras según su estado: aquellas que se encuentran sanas, las que requieren revisión y las que necesitan una evaluación patológica profunda. Cabe destacar que, según registros locales, no se realizaban evaluaciones estructurales integrales en la entidad desde el terremoto de Cariaco, ocurrido en 1997.

Mientras tanto, las autoridades educativas nacionales reportaron el inicio de clases con una asistencia del 83 % y la apertura de más del 99 % de las escuelas en todo el país. En el caso específico de Sucre, se mantiene el antecedente de intervenciones previas realizadas por las Brigadas Comunitarias Militares para la Educación (Bricomiles), que antes de los sismos de junio trabajaban en la rehabilitación de 60 instituciones, enfocándose principalmente en techos, pintura y áreas deportivas, labores que no necesariamente abordan la integridad estructural ante movimientos telúricos.