La batalla legal entre OpenAI y un grupo de medios de comunicación, encabezado por The New York Times, ha alcanzado un punto crítico tras las recientes acusaciones de obstrucción de justicia. Los demandantes han solicitado al tribunal la imposición de sanciones severas contra la compañía de inteligencia artificial, alegando que esta ha ocultado deliberadamente pruebas fundamentales durante los últimos dos años. El conflicto central gira en torno a si ChatGPT ha reproducido contenido protegido por derechos de autor, una evidencia que podría determinar si el uso de estos datos constituye una infracción legal o si, por el contrario, se ampara bajo el principio de uso legítimo.

El detonante de esta nueva fase judicial fue el testimonio de un ingeniero de privacidad de OpenAI, cuya declaración bajo juramento reveló inconsistencias graves. Según la moción presentada por los medios, la empresa afirmó reiteradamente ante el tribunal que carecía de la capacidad técnica para analizar grandes volúmenes de registros de ChatGPT sin incurrir en costos excesivos o comprometer la privacidad de los usuarios. Sin embargo, se descubrió que OpenAI ya había realizado búsquedas previas en conjuntos de datos masivos, que incluían decenas de millones de registros, con el objetivo de desarrollar filtros para evitar la reproducción de contenido protegido.

Los demandantes sostienen que la empresa no solo mintió sobre sus capacidades técnicas, sino que también dificultó activamente el proceso de descubrimiento de pruebas. Durante meses, OpenAI obligó a los medios a trabajar en un entorno restringido con una muestra limitada de 20 millones de registros, la cual fue sometida a un proceso de redacción tan agresivo que el propio tribunal la calificó como inutilizable. Mientras se limitaba este acceso, la compañía supuestamente mantenía en su poder muestras mucho más extensas, de hasta 78 millones de registros, que ya estaban anonimizadas y listas para ser analizadas, ocultando su existencia durante todo el proceso.

Además de las acusaciones de ocultamiento, los medios han denunciado la eliminación deliberada de información. Según el testimonio del ingeniero, OpenAI decidió unilateralmente no cumplir con una orden judicial de preservación de datos, argumentando que el proceso resultaba demasiado complejo. Esta presunta destrucción de pruebas, sumada a la eliminación o compresión de miles de millones de registros adicionales, ha llevado a los demandantes a solicitar que el tribunal instruya al jurado sobre esta conducta, sugiriendo que la empresa ha intentado encubrir el impacto de su tecnología en el mercado editorial.

Por su parte, OpenAI ha rechazado las acusaciones, calificándolas de tácticas desesperadas por parte de los medios para acceder a datos privados de usuarios ajenos al litigio. La empresa sostiene que su defensa se mantiene firme y que las recientes modificaciones en la demanda de los medios son una señal de debilidad en su caso. No obstante, los expertos legales advierten que, si el tribunal determina que la conducta de OpenAI fue intencional y engañosa, las sanciones podrían ser devastadoras para su estrategia de defensa, debilitando gravemente sus argumentos sobre el uso legítimo de la información protegida.