En un movimiento que busca transformar la relación entre el sector tecnológico y el Estado, OpenAI ha puesto sobre la mesa una propuesta de gran calado: otorgar al gobierno de los Estados Unidos una participación accionaria del 5 por ciento en la compañía. Esta iniciativa, según informes recientes, surge como una estrategia diplomática para suavizar las tensiones existentes con la administración del presidente Donald Trump y, simultáneamente, mitigar el creciente descontento público respecto al desarrollo y control de la inteligencia artificial. La propuesta, que habría sido presentada inicialmente por el director ejecutivo Sam Altman hace más de un año, plantea que permitir que el Estado participe en los beneficios financieros de la empresa es la vía más efectiva para democratizar el éxito de esta tecnología.

La cifra del 5 por ciento no es menor si se considera la valoración actual de mercado de la organización. Tomando como referencia la última ronda de financiación, en la cual la empresa alcanzó una valoración de 852.000 millones de dólares, la participación ofrecida al gobierno federal tendría un valor aproximado de 42.600 millones de dólares. Aunque las conversaciones se encuentran en una etapa preliminar, el plan de Altman contempla que este modelo no sea exclusivo de OpenAI, sino que se extienda a otras empresas líderes del sector de la inteligencia artificial en Estados Unidos, buscando establecer un nuevo estándar de colaboración público-privada.

Este acercamiento ocurre en un contexto político complejo, caracterizado por una intervención inusualmente directa de la administración Trump en el ecosistema de la IA. La presión gubernamental ya ha afectado a competidores directos, como Anthropic, que ha enfrentado obstáculos significativos. Recientemente, el Pentágono catalogó a dicha empresa como un riesgo para la cadena de suministro, y las restricciones a la exportación impuestas por la Casa Blanca han obligado a retirar modelos avanzados del mercado, generando una notable incertidumbre sobre la competitividad de las firmas estadounidenses en el escenario global.

La idea de que el Estado debe capturar y redistribuir parte de la riqueza generada por la inteligencia artificial ha ganado tracción entre diversos sectores políticos. El gobierno actual ya ha sentado precedentes al adquirir una participación del 10 por ciento en el fabricante de semiconductores Intel. Asimismo, se han reportado exigencias para que empresas clave como Nvidia y AMD cedan al gobierno federal una parte significativa de sus ingresos derivados de la venta de chips de IA destinados al mercado chino.

Más allá de las acciones ejecutivas, el debate legislativo también se está intensificando. Voces como la del senador Bernie Sanders han abogado por considerar la inteligencia artificial como un recurso público esencial. En este sentido, se han propuesto medidas fiscales drásticas, incluyendo un impuesto único sobre el valor de las acciones de estas compañías para financiar un fondo soberano. La propuesta de OpenAI, aunque ambiciosa, se inserta en este clima de creciente escrutinio donde el poder político busca asegurar que el auge tecnológico beneficie directamente al erario público.