Un reciente análisis publicado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) ha puesto bajo la lupa el acuerdo petrolero suscrito entre Estados Unidos y las autoridades interinas de Venezuela. El documento, elaborado por el investigador José Ignacio Hernández, advierte sobre las profundas fragilidades institucionales y los riesgos jurídicos que rodean este pacto, el cual contempla concesiones por un periodo de 100 años sobre 17 campos petroleros con reservas estimadas en 65.000 millones de barriles.

El núcleo de la controversia reside en el papel de la empresa NABEP (Blue Energy Partners), vinculada al empresario venezolano Alejandro Betancourt. Según el análisis, si el acuerdo se ejecuta tal como fue firmado por el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, y la gobernante encargada venezolana, Delcy Rodríguez, NABEP se posicionaría como la segunda mayor compañía petrolera privada del mundo por volumen de reservas. El esquema otorga a Estados Unidos una participación del 35% en la matriz de la empresa a través del Departamento de Defensa, además de derechos de compra preferente sobre la producción y poder de veto en la junta directiva.

Desde una perspectiva legal, el informe cuestiona la validez de las concesiones centenarias. Hernández señala que la Ley Orgánica de Hidrocarburos, reformada en enero de 2026, solo permite acuerdos de servicios petroleros y no otorga derechos de propiedad sobre los yacimientos. Esta indefinición jurídica, sumada a la posible contravención del artículo 303 de la Constitución venezolana —que reserva el control de la industria a entidades estatales—, genera una incertidumbre que podría inhibir la inversión privada a largo plazo en lugar de fomentarla.

Otro punto crítico es la legitimidad de las autoridades que suscriben el pacto. El análisis subraya que el estatus de las autoridades interinas venezolanas es precario, dado que el mandato constitucional expiró y su reconocimiento internacional está vinculado a circunstancias políticas coyunturales. Esta situación plantea un dilema para cualquier futuro gobierno democráticamente electo en Venezuela, que podría verse obligado a gestionar un acuerdo de largo plazo implementado bajo una estructura de constitucionalidad cuestionable y sin un mandato democrático claro.

Finalmente, el documento advierte que la recuperación de la producción petrolera no será inmediata. Aunque el objetivo es alcanzar 1,5 millones de barriles diarios, las limitaciones de infraestructura, las fallas en la red eléctrica y el hecho de que varios proyectos sean instalaciones nuevas (greenfield) sugieren que los resultados tangibles tardarán en materializarse. El investigador concluye que una estrategia energética sostenible requiere transparencia, rendición de cuentas y procedimientos públicos, sugiriendo la incorporación de mecanismos de ratificación que permitan a futuros gobiernos evaluar estas obligaciones sin heredar compromisos que vulneren la legislación nacional.