El inicio del periodo escolar 2026-2027 en Venezuela comenzó este lunes 14 de septiembre bajo un escenario de marcadas contradicciones entre los reportes oficiales y la realidad en las zonas más afectadas por la crisis sísmica. La Guaira, el estado que sufrió el mayor impacto por los dos terremotos del pasado 24 de junio —que causaron más de 6,000 muertes en el país—, registró un pronunciado ausentismo escolar en su primera jornada.

Reportes de agencias internacionales señalaron que a tempranas horas de la mañana las calles de diversas zonas costeras de La Guaira lucían sin la presencia de niños, niñas y adolescentes. Al menos siete escuelas de la entidad permanecían cerradas debido a los daños estructurales, mientras que otras continuaban funcionando como refugios para los damnificados. Esta situación se presenta a pesar de la promesa gubernamental realizada en julio de reubicar a las víctimas en campamentos unifamiliares temporales para despejar las aulas.

En contraste con la situación reportada en las zonas afectadas, el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, ofreció un balance optimista desde el Fuerte Tiuna. El funcionario aseguró que la asistencia a nivel nacional alcanzó el 83% en la primera jornada y que el 99% de los planteles del país abrieron sus puertas. Rodríguez calificó las primeras semanas como un periodo de diagnóstico para abordar el impacto emocional del terremoto en los estudiantes. Por su parte, la propaganda estatal reportó convocatorias masivas en regiones como Barinas y Bolívar, donde los sismos no causaron mayores daños.

La estrategia oficial de rezonificar a más de 86,000 estudiantes debido al colapso de infraestructuras ha sido duramente cuestionada por organizaciones civiles y académicos. Tulio Ramírez, director del Doctorado en Educación de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), advirtió que una reubicación inconsulta genera graves consecuencias, tales como el impacto socioemocional, el riesgo de deserción escolar por las largas distancias, la sobrecarga curricular para los docentes y la saturación de servicios básicos en planteles que ya presentaban fallas crónicas antes de la tragedia. Según datos de la ONG Provea y HUM Venezuela, el 65% de las escuelas ya tenía problemas físicos y el 75% carecía de agua constante antes de los sismos, situación agravada por la pérdida de vidas de más de 100 educadores y 200 menores en La Guaira.

Por su parte, la Federación Venezolana de Maestros (FVM) ratificó que no existen las condiciones mínimas para el retorno a las aulas. Su vocera, Carmen Teresa Márquez, denunció que el sueldo básico oficial de un docente es de apenas 0.20 centavos de dólar mensuales, frente a una canasta alimentaria que en agosto se ubicó en 727 dólares. Ante esta realidad, el gremio exige un ajuste salarial indexado, inspecciones técnicas de seguridad en los planteles y un plan de acompañamiento psicosocial para afrontar las secuelas del doblete sísmico del 24J.