El balance oficial de víctimas mortales tras los devastadores terremotos que afectaron a Venezuela el pasado 24 de junio ha registrado un nuevo incremento. Según las cifras ofrecidas este lunes por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el número de fallecidos se ha elevado a 6.438 personas. Esta actualización representa un aumento de 137 decesos adicionales en comparación con el reporte anterior, reflejando la magnitud de la tragedia que sacudió al país con dos eventos sísmicos de magnitudes 7,2 y 7,5.

La respuesta institucional ante la emergencia ha sido constante desde los primeros momentos. De acuerdo con el informe presentado por el funcionario, los servicios de salud han brindado atención médica a 86.358 personas en diversos centros hospitalarios del territorio nacional. Paralelamente, las labores de asistencia habitacional han comenzado a materializarse con la entrega de 335 viviendas, priorizando las zonas que sufrieron mayores daños estructurales, especialmente en el estado La Guaira, una de las regiones más golpeadas por el movimiento telúrico.

El proceso de evaluación de daños en la infraestructura residencial ha sido exhaustivo. Las autoridades competentes han completado la inspección de 59.109 inmuebles para determinar su seguridad y viabilidad de uso. Los resultados de estas revisiones indican que 34.680 viviendas han sido calificadas como habitables. No obstante, el panorama es más complejo para el resto de las edificaciones evaluadas: 13.733 inmuebles presentan condiciones que limitan su uso, mientras que 10.696 han sido catalogadas bajo la categoría de alto riesgo, lo que implica una necesidad urgente de intervención o desalojo.

En cuanto a las labores de limpieza y remoción de restos materiales, los equipos de emergencia desplegados en las zonas afectadas han logrado retirar más de 528.000 toneladas de escombros. Estas tareas son fundamentales para despejar las vías de comunicación y facilitar el acceso a las áreas donde la infraestructura colapsó, permitiendo que los servicios de ayuda y reconstrucción puedan operar con mayor eficacia en los sectores más críticos.

El impacto de este doblete sísmico trasciende la crisis humanitaria inmediata y plantea desafíos significativos para la estabilidad financiera del país. El Banco Mundial ha realizado una estimación preliminar de los daños directos, situando la cifra en 19.600 millones de dólares. El organismo internacional ha emitido una advertencia sobre las consecuencias a largo plazo, señalando que si el proceso de reconstrucción no adquiere un ritmo adecuado, la recuperación económica de Venezuela podría verse comprometida durante la próxima década. La magnitud de la cifra económica subraya la complejidad de la tarea que enfrentan las autoridades para restaurar la normalidad y garantizar la sostenibilidad del desarrollo nacional en los años venideros.