Diez días después del sismo de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, las autoridades nacionales han actualizado el balance de daños y víctimas, revelando la magnitud de la tragedia que enfrenta el país. Según el reciente boletín emitido por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la cifra de fallecidos ha ascendido a 314 personas. Este evento sísmico, catalogado como el más potente registrado en territorio colombiano durante el último cuarto de siglo, ha dejado una huella profunda en la infraestructura y la estabilidad social de múltiples regiones.

El informe de la UNGRD detalla que, además de los decesos confirmados, las labores de búsqueda y rescate continúan activas, ya que aún se reportan 262 personas desaparecidas. El impacto en la salud pública es considerable, con un total de 4.437 heridos contabilizados hasta la fecha. A pesar de la gravedad de la situación, los equipos de emergencia han logrado rescatar con vida a 364 personas, quienes están recibiendo atención médica y apoyo tras el desastre.

La afectación territorial es extensa, abarcando 471 municipios distribuidos en 15 de los 32 departamentos del país. Entre las zonas más golpeadas se encuentran los departamentos de Caldas, Quindío y Chocó, siendo este último el lugar donde se localizó el epicentro del movimiento telúrico, específicamente en el municipio de San José del Palmar. La magnitud del sismo ha dejado a 147.464 familias damnificadas, lo que equivale a un total de 262.154 personas que han visto alterada su cotidianidad y seguridad habitacional.

En cuanto a la infraestructura, el panorama es crítico. El número de viviendas destruidas se ha elevado a 30.664, mientras que otras 136.946 edificaciones presentan daños estructurales de diversa consideración. Particularmente preocupante es el colapso de 302 edificios, con una incidencia notable en las ciudades de Cali y Pereira, capitales de los departamentos de Valle del Cauca y Risaralda, respectivamente. Estos daños han obligado a las autoridades locales a intensificar las evaluaciones de seguridad en las zonas urbanas más densas.

El impacto se extiende también a la infraestructura pública y de servicios básicos. El reporte oficial indica daños en 352 centros de salud y 3.470 centros educativos, lo que representa un desafío significativo para la continuidad de los servicios esenciales. Asimismo, se han visto afectadas 4.971 instalaciones comunitarias, 449 vías de comunicación, 105 acueductos, 58 puentes vehiculares, 13 puentes peatonales y cinco aeropuertos. La magnitud de estos daños subraya la complejidad de las labores de reconstrucción y rehabilitación que el Estado colombiano deberá emprender en los próximos meses para recuperar la normalidad en las regiones afectadas.