A escasas semanas de que inicie el nuevo periodo académico, la organización Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap) ha emitido una advertencia sobre las condiciones de seguridad en los planteles educativos de Caracas, Miranda y La Guaira. Tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el pasado 24 de junio, la ONG instó a las autoridades competentes a no apresurar el retorno presencial a las aulas sin antes garantizar que las infraestructuras sean seguras para los estudiantes y el personal docente.

El balance presentado por la organización revela que el 27% de las escuelas evaluadas presentan daños estructurales graves. Además, el levantamiento de información indica que, en una de cada tres instituciones, existen áreas que permanecen clausuradas o inhabilitadas debido a los desperfectos causados por los movimientos telúricos. Ante este panorama, Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap, enfatizó que la prioridad debe ser la seguridad, proponiendo la implementación de una certificación oficial para cada centro educativo que determine qué espacios están aptos para recibir alumnos y cuáles requieren reparaciones urgentes.

Más allá de los daños físicos en las edificaciones, el informe destaca un impacto significativo en la población infantil. Cecodap ha documentado 1.405 casos de niños afectados por los terremotos, cifra que incluye el fallecimiento de 221 menores. Trapani aclaró que estos datos representan un registro mínimo verificado en terreno y no una cifra definitiva, por lo que instó a las autoridades a publicar estadísticas oficiales más detalladas, desglosadas por edad y sexo, para comprender el alcance real de la tragedia y orientar los recursos públicos de manera más efectiva.

La situación se complica debido a los desplazamientos poblacionales provocados por el desastre natural. La ONG registró a más de 200 menores de edad que han sido trasladados a otros municipios o estados, lo que genera una preocupación latente sobre la continuidad educativa de estos estudiantes. En este sentido, la organización solicitó la creación de mecanismos de seguimiento que eviten que los niños desplazados queden excluidos del sistema escolar o pierdan su progreso académico durante este proceso de recuperación.

Finalmente, Cecodap subrayó la importancia de abordar la salud emocional de toda la comunidad educativa. Dado que estudiantes, docentes y representantes han vivido experiencias marcadas por pérdidas materiales, desplazamientos y el trauma de los sismos, la organización recomienda la ejecución de programas de acompañamiento psicosocial. Según el criterio de la ONG, la recuperación debe ser integral, enfocándose no solo en la infraestructura escolar, sino también en el bienestar psicológico de los adultos y niños que se reintegrarán a sus rutinas tras el evento sísmico.