La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia ha presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe crítico sobre la gestión estatal frente a los recientes sismos ocurridos en Venezuela. Durante el 197 periodo de sesiones de este organismo internacional, la organización expuso un balance detallado sobre las condiciones de las poblaciones más vulnerables, subrayando graves carencias en la respuesta oficial ante la emergencia sísmica.

Kelvi Zambrano, director de la organización, advirtió que el Estado venezolano no cuenta con protocolos de prevención adecuados para salvaguardar a mujeres y niños en situaciones de desastre. Según lo expuesto en la audiencia, las autoridades han ignorado las propuestas de atención presentadas por la Coalición apenas tres días después de los eventos sísmicos. Además, Zambrano denunció la falta de investigaciones sobre reportes relacionados con la captación y explotación de mujeres en situación de vulnerabilidad tras los terremotos, una preocupación que, según la organización, ha sido desatendida por los entes gubernamentales.

El informe presentado ante la CIDH documenta 50 eventos específicos donde se habrían vulnerado derechos fundamentales, incluyendo 13 casos concretos de obstrucción a la asistencia humanitaria. De acuerdo con el testimonio de Zambrano, diversos cuerpos de seguridad del Estado impusieron restricciones que dificultaron el despliegue de ayuda. Entre las irregularidades señaladas figuran la exigencia de permisos especiales para el ingreso de personal médico internacional, afectando a organizaciones como ISAR Germany y la Federación Sanitaria de Trabajadores de Austria. Asimismo, se denunció el hostigamiento contra grupos de rescate especializados, como los Topos de Chile, además de la retención de vehículos universitarios que transportaban suministros y el cierre arbitrario de centros de acopio destinados a la ayuda humanitaria.

Más allá de la respuesta inmediata, la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia cuestionó la responsabilidad estatal en la infraestructura del país. La organización señaló que muchos complejos habitacionales y edificaciones públicas no cumplen con las normativas de seguridad necesarias para resistir eventos sísmicos, poniendo en riesgo a los ciudadanos. Esta crítica apunta a fallas estructurales en la planificación y construcción de viviendas, las cuales, según la denuncia, carecen de las condiciones técnicas indispensables para garantizar la integridad de sus habitantes ante movimientos telúricos.

La presentación de este balance ocurre en un contexto complejo para el ejercicio periodístico y la defensa de los derechos humanos en Venezuela. La organización enfatizó que estas denuncias buscan visibilizar las fallas en la protección civil y la gestión de desastres, exigiendo una revisión de los protocolos estatales. Hasta el momento, el Estado venezolano no ha emitido una respuesta pública sobre los señalamientos específicos realizados por la Coalición ante la CIDH, manteniendo un silencio que, según los denunciantes, agrava la situación de las víctimas afectadas por los sismos.