A cuatro meses del doble terremoto ocurrido el 24 de junio de 2026, la organización Transparencia Venezuela ha emitido una alerta sobre la ausencia de un plan estructurado para la reconstrucción del país. Según el informe titulado “Reconstrucción Postdesastre y Gestión Transparente de Fondos Públicos”, el Estado venezolano carece de un presupuesto público definido y de mecanismos de control independiente que aseguren el manejo transparente de los recursos destinados a las comunidades afectadas. La organización subraya que, más allá de la necesidad de financiamiento, el proceso de recuperación exige controles efectivos, rendición de cuentas y una fiscalización técnica rigurosa para evitar que la ayuda se disperse debido a la corrupción.

El reporte destaca una brecha significativa entre las necesidades reales y la respuesta oficial. Aunque las evaluaciones de daños directos oscilan entre los 6.700 y 37.000 millones de dólares, el Gobierno ha anunciado un fondo inicial de reconstrucción de apenas 200 millones de dólares. Por otro lado, si bien se han contabilizado compromisos de cooperación internacional por más de 1.300 millones de dólares, estos representan promesas y no desembolsos verificados. Además, la cifra oficial de 3.800 fallecidos contrasta con la falta de información pública sobre el número de damnificados y el alcance de los daños estructurales, datos que permanecen bajo total anonimato.

La situación se complica por un vacío institucional evidente. Transparencia Venezuela advierte que no existe un marco jurídico que regule el mecanismo administrador de los fondos, ni un órgano rector designado con plazos y mandatos claros. El Ejecutivo ha propuesto centralizar la ayuda a través del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES), una entidad que, según la ONG, carece de acceso legal a información sobre acuerdos de cooperación o endeudamiento. Este escenario recuerda la gestión del Fonden entre 2005 y 2015, periodo en el cual se manejaron más de 174.000 millones de dólares sin auditorías externas efectivas.

La opacidad estructural del Estado venezolano es un factor crítico. El país ha obtenido una calificación de cero en la Encuesta de Presupuesto Abierto por tres periodos consecutivos, sumado a dos décadas sin publicar la Cuenta General de Hacienda. Esta falta de transparencia se traslada al ámbito de la infraestructura: a pesar de la existencia de normas sismorresistentes, menos del 25% de las edificaciones cumplen con los estándares, y gran parte de la población reside en asentamientos informales. Tras el sismo, el Gobierno admitió desconocer cuántos edificios estatales colapsaron.

Ante este panorama, la organización propone adoptar modelos internacionales exitosos, como el utilizado en la reconstrucción de Aceh, Indonesia. La recomendación central es la creación de un fondo fiduciario multidonante, administrado por un fideicomisario externo e independiente que libere recursos tramo a tramo, sujeto a la verificación técnica de las obras. Asimismo, sugieren la conformación de un Comité Directivo Mixto con participación de la sociedad civil y auditorías externas públicas, advirtiendo que el mayor riesgo de desvío de fondos suele materializarse entre el segundo y tercer año, cuando disminuye la atención mediática internacional.