La crisis habitacional derivada del reciente doble evento sísmico en Venezuela ha dejado al descubierto las precarias condiciones en las que sobreviven cientos de familias desplazadas. En el refugio transitorio Ciudadela de Catia, ubicado en el sector El Cuartel de Caracas, unas 80 familias, provenientes tanto del Distrito Capital como del estado La Guaira, enfrentan desafíos diarios marcados por el hacinamiento, la infraestructura deficiente y una convivencia compleja. Este recinto, que anteriormente albergó a damnificados de la tragedia de Vargas en 1999, funciona hoy como un espacio de espera indefinida donde la falta de privacidad y la incertidumbre sobre la reubicación definitiva dominan el entorno.

Para las mujeres, niñas y adolescentes, la situación en estos albergues es particularmente crítica. La ausencia de divisiones físicas internas y la escasez de sanitarios seguros y privados exponen a esta población a riesgos significativos. Según especialistas en derechos humanos, la falta de alumbrado nocturno en los pasillos y la carencia de mecanismos de denuncia confiables aumentan la vulnerabilidad ante el acoso, las agresiones sexuales y otras formas de violencia de género. La opacidad en la gestión de la información pública, sumada a la inexistencia de registros oficiales segregados por sexo, impide que se diseñen estrategias de protección efectivas para este grupo demográfico.

Los testimonios de las residentes reflejan el desgaste emocional que supone la pérdida de sus hogares y la adaptación a una vida comunitaria forzada. Si bien los albergados reconocen la asistencia en alimentación y la presencia de servicios de salud cercanos, la rutina diaria se ve empañada por conflictos de convivencia y la dificultad de mantener estándares básicos de higiene. Muchas mujeres asumen la carga del trabajo doméstico no remunerado, gestionando la alimentación y el cuidado de niños y ancianos en condiciones donde los servicios básicos, como el agua y la electricidad, presentan fallas constantes.

La incertidumbre sobre el futuro es otro factor que agrava la tensión en los refugios. Aunque los damnificados han completado censos en el Registro Único de Vivienda, las autoridades no han proporcionado fechas estimadas para la adjudicación de soluciones habitacionales definitivas. Esta falta de comunicación oficial, junto con la ausencia de balances públicos sobre el número total de damnificados y refugios habilitados a nivel nacional, deja a las familias en un estado de vulnerabilidad permanente, donde el temor a represalias o a la pérdida de la asistencia humanitaria silencia las denuncias sobre posibles abusos o irregularidades.

Ante este panorama, organizaciones de derechos humanos han instado al Estado a implementar medidas con perspectiva de género. Entre las recomendaciones destacan la adecuación de la infraestructura con módulos familiares que garanticen la privacidad, la instalación de baños separados por sexo con sistemas de seguridad, y la creación de canales de denuncia confidenciales. La protección de la integridad física y emocional de las mujeres y niñas en los campamentos transitorios requiere, más allá de la asistencia material, un enfoque integral que priorice su seguridad en medio de la emergencia.