El estado Vargas, la región más afectada tras el doble sismo de magnitudes 7,2 y 7,5 ocurrido el pasado 24 de junio en Venezuela, enfrenta una crisis sanitaria sin precedentes. Según cifras oficiales, el evento telúrico dejó un saldo de 6.438 fallecidos y más de 16 mil heridos. Más allá de la destrucción de infraestructura, el sistema de salud local atraviesa un colapso operativo agravado por la pérdida de personal médico y de enfermería, cuya cifra exacta de decesos continúa en aumento a medida que avanzan las labores de identificación.

De acuerdo con los gremios consultados, se ha confirmado la muerte de 10 profesionales de la enfermería y 16 médicos a causa del desastre. Esta pérdida humana se suma a un complejo problema de desplazamiento forzado: muchos trabajadores de la salud perdieron sus viviendas y fueron reubicados por el Estado en Caracas, lo que complica su traslado diario hacia los centros asistenciales en Vargas. Jaime Lorenzo, director de la ONG Médicos Unidos, advierte que esta situación, sumada a la inoperatividad de los hospitales, está afectando gravemente el relevo generacional y la formación de especialistas, quienes no logran alcanzar la destreza necesaria debido a la baja demanda quirúrgica actual.

El gremio de enfermería ha denunciado condiciones críticas, especialmente tras el colapso del Centro de Atención Psicofamiliar El Niño del Mar en Catia La Mar, donde fallecieron una enfermera, un camillero, una niñera y varios pacientes. Maryuri Díaz, presidenta del colegio de enfermería, señaló que al menos 60 enfermeras activas quedaron damnificadas tras perder sus hogares. A pesar de esto, el gremio denuncia presiones laborales irregulares, donde se intenta computar los días de ausencia forzada como adelanto de vacaciones, ignorando la crisis habitacional y emocional que atraviesa el personal. Ante esta situación, el colegio busca gestionar una licencia de tregua de 90 días y ha diseñado un proyecto de asistencia psicológica con apoyo internacional.

La red ambulatoria secundaria, vital para la atención en la zona, opera actualmente a niveles mínimos. Centros como el Ambulatorio Alfredo Machado, en Catia La Mar, han visto mermada drásticamente su capacidad de respuesta, a pesar de que antes del sismo ofrecían atención especializada las 24 horas. La distribución del personal en las Áreas de Salud Integral Comunitaria se describe como confusa, debido a la coexistencia de nóminas del Ministerio de Salud, la Gobernación y Barrio Adentro.

Finalmente, el sector privado también ha sufrido un impacto severo. Múltiples clínicas, entre ellas Provesalud en Catia La Mar, permanecen cerradas debido a daños estructurales, eliminando una vía de alivio fundamental para la demanda asistencial pública. Mientras la red de salud intenta reactivarse, el agotamiento físico y emocional, sumado al descontrol de enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes, mantiene al personal sanitario en una situación de vulnerabilidad extrema, a más de un mes y medio de la tragedia.