A casi dos meses del sismo que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio, la situación para las familias del sector Fuerza y Razón, en la parroquia El Junquito al oeste de Caracas, se ha tornado crítica. Un total de 130 familias, que suman 441 personas, entre ellas 178 niños, permanecen viviendo en carpas improvisadas tras haber perdido sus hogares o ante la imposibilidad de habitarlos por los daños estructurales sufridos. La llegada de las recientes lluvias ha agravado la precariedad de este refugio temporal, donde el terreno ha comenzado a ceder, aumentando el riesgo de nuevos deslizamientos.

La noche del lunes 17 de agosto, las precipitaciones provocaron un deslizamiento de tierra en las cercanías del campamento, lo que generó pánico entre los damnificados. Darcy Fuentes, una de las residentes afectadas, relató que el agua penetra en las carpas y los colchones se mantienen húmedos, complicando la convivencia diaria. Según los testimonios, las viviendas originales presentan grietas profundas y paredes desplazadas, lo que hace inviable su retorno. La vulnerabilidad se extiende a personas con condiciones de salud delicadas, como el esposo de Fuentes, quien posee una discapacidad motora y requiere asistencia constante en un entorno que no ofrece las condiciones mínimas de seguridad.

La principal queja de los afectados es la ausencia de una respuesta institucional formal. Mariela Piña, vocera de la comunidad, denunció que hasta la fecha ninguna autoridad gubernamental ha realizado una inspección técnica del suelo, del talud que bordea la estructura ni de las viviendas. Aunque comisiones de bomberos acudieron al sitio tras las denuncias vecinales en redes sociales, los compromisos de regresar para evaluar la habitabilidad del edificio y colocar las etiquetas de riesgo correspondientes no se han cumplido en los plazos prometidos.

La falta de un informe geotécnico oficial mantiene a las familias en un estado de incertidumbre constante. Los vecinos exigen una evaluación estructural detallada, vivienda por vivienda, para determinar el nivel de riesgo real. La observación empírica del socavamiento en el terreno sugiere que la erosión causada por el agua está comprometiendo la estabilidad de la zona, una situación que se vuelve más peligrosa ante el pronóstico de nuevas lluvias.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología ha advertido sobre la continuidad de las precipitaciones debido al paso de la onda tropical número 38, lo que mantiene a los habitantes del refugio en alerta máxima. Mientras tanto, la asistencia que reciben los damnificados ha dependido mayoritariamente de iniciativas de particulares y empresas privadas, quienes han suministrado alimentos, ropa y apoyo logístico. Los afectados denuncian que, ante la falta de presencia de organismos públicos, la ayuda institucional ha sido inexistente, dejando a estas familias a la deriva frente a la amenaza climática y la inestabilidad de sus terrenos.