Cuatro meses después de los sismos registrados el 24 de junio de 2026, los habitantes de la Calle Real de Playa Verde, en La Guaira, enfrentan una crisis humanitaria agravada por el calor extremo. Decenas de familias, cuyas viviendas quedaron estructuralmente comprometidas o derrumbadas, permanecen desplazadas en carpas improvisadas. La situación se ha tornado insostenible debido a las altas temperaturas, que alcanzan niveles de riesgo para la salud pública, según estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA).

Los datos satelitales del programa ERA5 Land indican que, desde el desastre, la sensación térmica en la zona ha promediado los 35,79 °C durante las horas de mayor exposición solar. No obstante, las mediciones realizadas en el interior de las carpas revelan una realidad más crítica: el índice de calor ha llegado a promediar los 47,77 °C entre el mediodía y las dos de la tarde. Esta exposición prolongada, sumada a la precariedad de las estructuras temporales, coloca a los damnificados en una situación de vulnerabilidad extrema, especialmente a niños, adultos mayores y personas con condiciones preexistentes como hipertensión.

Los residentes relatan que el calor no solo dificulta las actividades cotidianas, sino que también afecta su salud física y mental. Alejandra González, una de las afectadas, señala que el ambiente dentro de las carpas impide trabajar durante el día y ha provocado problemas respiratorios en su hija debido al polvo de los escombros. Por su parte, Yasmín Hidalgo, otra vecina desplazada, describe la imposibilidad de conciliar el sueño y el agotamiento constante. Para intentar mitigar las altas temperaturas, muchas familias dependen de ventiladores eléctricos y aires acondicionados, cuyo funcionamiento es intermitente debido a las fallas en el servicio eléctrico y los cortes programados.

La situación se ve exacerbada por el cambio climático, que ha intensificado los efectos del fenómeno de El Niño en Venezuela, provocando periodos de mayor sequía y temperaturas elevadas. Expertos de la plataforma The Lancet Countdown advierten que el país presenta uno de los mayores incrementos en la exposición de personas al calor extremo en Latinoamérica. A pesar de este panorama, organizaciones como Clima21 han denunciado la falta de una infraestructura adecuada para la prevención y mitigación de riesgos climáticos, así como la opacidad en la gestión de datos socioambientales.

Ante la falta de una reubicación definitiva, los desplazados continúan a la espera de soluciones habitacionales dignas. Especialistas en salud global sugieren que, ante la actual emergencia, las autoridades sanitarias deben implementar una vigilancia activa, acudiendo directamente a los asentamientos temporales para monitorear la salud de los afectados, asegurar la hidratación y evaluar las condiciones de ventilación. Mientras tanto, los vecinos de Playa Verde siguen enfrentando la incertidumbre, conviviendo entre los escombros y el calor sofocante, sin una respuesta clara por parte de las instituciones gubernamentales.