Casi tres meses después del doble sismo que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio, decenas de familias en la parroquia Santa Rosalía, en Caracas, continúan viviendo en carpas improvisadas en plena vía pública. Los afectados, residentes del urbanismo López Diez (OPP 10), se encuentran a la espera de reparaciones estructurales que permitan el retorno seguro a sus hogares, tras haber sido desalojados por los daños sufridos en la edificación.

La situación en el complejo habitacional, que forma parte de la Gran Misión Vivienda Venezuela, es crítica. Los sismos provocaron el colapso de paredes y techos en los primeros seis niveles, mientras que los pisos superiores presentan afectaciones en la mampostería. A pesar de la magnitud de los daños, los vecinos denuncian que las cuadrillas de reparación tardaron dos meses en iniciar las labores. Además, critican que los trabajos actuales se limitan a intervenciones menores, como la colocación de bloques sobre las fisuras, sin abordar las fallas estructurales de origen.

La incertidumbre se ha visto agravada por cambios en la clasificación de riesgo del edificio. Inicialmente, las autoridades de bomberos asignaron una etiqueta roja, que indicaba un desalojo preventivo obligatorio. Sin embargo, semanas después, esta señalización fue cubierta por una etiqueta amarilla sin que mediara un informe técnico o una explicación oficial para los residentes. Esta falta de claridad ha generado malestar entre las familias, quienes temen por la seguridad de la estructura al intentar regresar a sus apartamentos.

Actualmente, el urbanismo carece de servicios básicos de agua y gas, los cuales fueron suspendidos por seguridad tras el evento sísmico. Aunque el consejo comunal gestiona revisiones para detectar fugas en las tuberías, no existe una fecha estimada para la restitución de los servicios ni para la habitabilidad plena del edificio. Los residentes señalan que las quejas sobre la calidad de las reparaciones han generado tensiones con los encargados de la obra, quienes han calificado las demandas vecinales como problemáticas.

En las inmediaciones, la situación de la Pensión Sucre refleja una problemática similar. Sus habitantes, también desplazados por los terremotos, vivían en una estructura previamente declarada inhabitable desde 2010 debido a fallas estructurales y la presencia de corrientes subterráneas. Tras protestas y cierres de calles para exigir soluciones, las familias de la pensión fueron trasladadas recientemente a un campamento transitorio en San Agustín, bajo el compromiso de las autoridades locales de desarrollar un plan de reubicación definitivo.

Mientras tanto, en el urbanismo López Diez, las familias continúan pernoctando en la acera, enfrentando el miedo y la precariedad. A pesar de las visitas de supervisión por parte de comisiones gubernamentales, los habitantes insisten en la necesidad de respuestas concretas y soluciones técnicas que garanticen la integridad física de los residentes antes de considerar el retorno a sus viviendas.