El doble terremoto ocurrido el pasado 24 de junio en Venezuela ha dejado una huella profunda no solo en la infraestructura del país, sino en la vida de cientos de docentes que, tras perder sus hogares y pertenencias, se han visto obligados a desplazarse a otras regiones o países. Historias como las de Erianguad Mercado y Fabiola Rincón ilustran la precariedad que enfrenta el gremio educativo, agravada por una crisis económica preexistente y la falta de programas estatales de atención integral para los afectados.

Erianguad Mercado, quien residía en el complejo residencial OPPE 26 en La Guaira, logró sobrevivir al colapso de su edificio junto a sus dos hijas. Tras el desastre, y ante la imposibilidad de reconstruir su vida en el litoral central, optó por trasladarse a Colombia con el apoyo de su familia. A pesar de estar a salvo, la docente relata las secuelas psicológicas del evento, marcado por el miedo constante y el duelo por amigos y alumnos fallecidos. Su decisión de permanecer fuera de Venezuela responde a la incertidumbre sobre las condiciones de vida y laborales, sumado a la crisis salarial que ya afectaba al sector educativo antes del sismo.

Por su parte, Fabiola Rincón, docente en Petare, vivió una experiencia similar. Su vivienda quedó inhabitable tras el movimiento telúrico, lo que la forzó a migrar hacia el estado Zulia junto a su esposo e hija. La transición ha sido compleja, especialmente por las necesidades médicas de su hija, quien requiere atención especializada que, según señala Rincón, es difícil de conseguir en su nuevo destino. Al igual que Mercado, la maestra destaca que su situación laboral se vio truncada, perdiendo no solo su empleo formal sino también los ingresos adicionales que obtenía mediante servicios de estética, los cuales dependían de su clientela en Caracas.

La situación de estas educadoras refleja una problemática más amplia dentro del gremio. Representantes de Fe y Alegría han denunciado que, si bien el desastre natural fue el detonante, el desplazamiento de los docentes está estrechamente vinculado al deterioro del sistema educativo y a los bajos salarios, que impiden cualquier capacidad de ahorro para enfrentar emergencias. Según datos gremiales, un docente con años de servicio percibe ingresos insuficientes para cubrir necesidades básicas, lo que hace que la recuperación económica tras una catástrofe sea una tarea casi inalcanzable.

A pesar de los esfuerzos de organizaciones privadas y el apoyo de redes de ayuda, las docentes denuncian la ausencia de programas estatales de acompañamiento psicológico o asistencia habitacional para los trabajadores del sector. Mientras las autoridades se enfocan en la remoción de escombros y la evaluación de inmuebles, miles de personas, incluidos los educadores, enfrentan el futuro sin un techo seguro ni garantías para retomar sus actividades profesionales. La incertidumbre sobre si volverán a sus lugares de origen persiste, marcada por la necesidad de priorizar la estabilidad familiar y la salud mental frente a un panorama nacional incierto.