Dos meses después de los sismos de magnitudes 7.2 y 7.5 que afectaron las costas de La Guaira, las secuelas siguen marcando la cotidianidad de los habitantes del edificio Santa Margarita, ubicado en la parroquia La Pastora, al oeste de Caracas. De las 17 familias que residían originalmente en esta edificación de seis pisos, solo seis permanecen en sus hogares. El resto de los propietarios se ha visto forzado a desplazarse temporalmente a casas de familiares debido al grave deterioro estructural que presenta el inmueble.

La edificación ha sido clasificada oficialmente con etiqueta roja por Protección Civil, lo que indica un alto riesgo de colapso, especialmente en la planta baja y el primer piso, donde se observan muros derrumbados, vigas expuestas y grietas profundas. A pesar de esta calificación, que forma parte de un balance nacional que contabiliza más de 11.000 viviendas en condiciones similares, los residentes denuncian la ausencia de planes concretos de reubicación o apoyo financiero por parte de las autoridades para ejecutar las reparaciones necesarias.

La situación económica de los propietarios, en su mayoría adultos mayores y jubilados del sector público, complica cualquier intento de rehabilitación privada. Los presupuestos consultados para las obras de refuerzo estructural superan sus capacidades financieras, y las solicitudes de ayuda ante organismos municipales han recibido respuestas negativas, bajo el argumento de que no se otorgan donaciones ni se realizan reparaciones directas en propiedades privadas. Además, la falta de planos estructurales originales del edificio impide actualmente la obtención de los permisos necesarios para iniciar cualquier intervención técnica, a pesar de que especialistas consultados por los vecinos han señalado que la estructura podría ser recuperable mediante el refuerzo de columnas fracturadas.

Mientras esperan una solución institucional, los vecinos han implementado medidas de autogestión para proteger sus bienes. Ante la falta de patrullaje constante en la zona y tras registrarse intentos de hurto en los apartamentos desocupados, los residentes han organizado guardias nocturnas en la entrada principal para evitar saqueos o invasiones. Esta vigilancia comunitaria se suma a las dificultades de quienes, como el docente jubilado Roberto Pedrosa, deben trasladarse varias veces por semana desde otros puntos de la ciudad para inspeccionar sus viviendas y gestionar trámites de auxilio.

Paradójicamente, el edificio mantiene operativos sus servicios básicos. El suministro de agua, la red eléctrica y el sistema de bombeo siguen funcionando, y el gas doméstico continúa distribuyéndose mediante bombonas, aunque el punto de recolección debió trasladarse al exterior por razones de seguridad. Esta operatividad contrasta con el estado físico de la fachada y los interiores, dejando a las familias en un limbo constante: con servicios activos, pero sin garantías de seguridad habitacional, a la espera de que las autoridades locales faciliten los permisos y el apoyo necesario para recuperar sus hogares.