La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó recientemente una actividad telúrica constante en el territorio nacional. Entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre de 2026, el Servicio Sismológico y de Alerta de Tsunami Venezolano contabilizó un total de 96 sismos. Según los datos técnicos, las magnitudes de estos movimientos oscilaron entre los 1,4 y 4,4 grados. Este registro forma parte de un monitoreo continuo que inició el 24 de junio, acumulando un total de 1.915 eventos sísmicos en las primeras 1.704 horas de seguimiento institucional.

El organismo científico enfatizó que estos fenómenos naturales no siguen patrones que permitan su predicción, recordando a la población la importancia de mantenerse informada a través de los canales oficiales. Estas cifras se presentan en el contexto de las labores de recuperación que atraviesa el país tras la catástrofe ocurrida hace diez semanas. El reporte de Funvisis subraya la persistencia de la actividad geológica en la región, la cual continúa siendo objeto de vigilancia técnica rigurosa por parte de las autoridades competentes.

En cuanto a la respuesta estatal ante la emergencia, el balance oficial más reciente, ofrecido el 24 de agosto por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, situó la cifra de víctimas mortales confirmadas en 6.509 personas. El informe detalló que los servicios de salud han proporcionado atención médica a 226.696 ciudadanos, mientras que los equipos de rescate lograron salvaguardar la vida de 6.462 personas. Actualmente, las labores se centran en la fase de reconstrucción, donde se ha reportado la entrega de 335 viviendas a familias afectadas y el retiro de más de 600.000 toneladas de escombros, lo que equivale a un avance del 28,61 % en las tareas de despeje urbano.

A pesar de estos reportes, la gestión de la información ha generado críticas por parte de organizaciones civiles. El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) ha solicitado formalmente al Ejecutivo una actualización más frecuente y transparente de los registros epidemiológicos y de las personas que permanecen como no localizadas. La ONG señaló que el Estado tiene la obligación de publicar datos actualizados de manera continua, argumentando que el acceso a esta información es vital para la gestión de la crisis y la seguridad de la población.

La organización denunció específicamente que las autoridades han dejado de actualizar la cifra de fallecidos desde hace más de una semana y que no se ha emitido nueva información sobre los desaparecidos desde el 25 de junio, fecha en la que se reportaron 157 casos. Provea cuestionó la falta de un registro público oficial que respalde las denuncias ciudadanas sobre miles de personas cuyo paradero sigue siendo desconocido, insistiendo en la necesidad de que el Estado cumpla con su deber de informar de manera clara y oportuna sobre el impacto real de la tragedia.