La Federación Venezolana de Maestros (FVM) ha manifestado su profunda preocupación ante el inminente inicio del año escolar, exigiendo una evaluación técnica integral de la infraestructura educativa en todo el país. Esta solicitud surge como respuesta directa al deterioro estructural de los planteles, una problemática que, según el gremio, se ha visto agravada de manera crítica tras los sismos registrados el pasado 24 de junio. La organización sostiene que las condiciones actuales de la mayoría de las instituciones no garantizan la seguridad necesaria para recibir a estudiantes y trabajadores.

Carmen Teresa Márquez, presidenta de la FVM, ha sido enfática al señalar que gran parte de los centros educativos carecen de las condiciones mínimas para operar. Durante la lectura de un comunicado oficial, la dirigente denunció la ausencia de servicios básicos esenciales, tales como agua potable, electricidad y sistemas de saneamiento adecuados. A estas carencias se suma la falta de mantenimiento preventivo y correctivo, una situación que, a juicio del magisterio, convierte la reapertura de las aulas en un riesgo innecesario si no se cuenta con un diagnóstico previo por parte de las autoridades competentes.

El gremio ha calificado como inaceptable la premura por retomar las actividades académicas para cumplir estrictamente con el calendario del Ministerio de Educación, que fijó el inicio de clases para el 14 de septiembre, adelantándose a la fecha propuesta por los docentes. La FVM cuestiona la veracidad de las cifras oficiales presentadas por el Ejecutivo el 25 de agosto, las cuales indicaban que los terremotos afectaron a 900 de las 27.000 escuelas del país, con 11 planteles colapsados y 91 centros con daños severos que requirieron reubicación de alumnos.

Ante este panorama, la federación ha denunciado la falta de transparencia, señalando que el gobierno no ha publicado un informe técnico detallado sobre el estado real de la infraestructura nacional. Asimismo, la organización rechazó las medidas de reubicación de estudiantes implementadas por las autoridades, calificándolas de unilaterales y carentes de consulta con las comunidades educativas afectadas, lo que genera incertidumbre sobre la logística y la calidad del proceso de enseñanza en los próximos meses.

Paralelamente a la crisis de infraestructura, la FVM ha reiterado su rechazo al actual esquema salarial del sector público. Los docentes mantienen su exigencia de un salario digno que supere el sueldo base, actualmente ajustado al salario mínimo mensual de 130 bolívares. El gremio ha criticado enfáticamente la política gubernamental de depender de bonificaciones adicionales en lugar de establecer una remuneración base justa. Márquez concluyó que el magisterio no busca bonos, sino una estructura salarial que reconozca y dignifique la labor docente en el país.