Los recientes eventos sísmicos en Venezuela y Colombia han puesto de relieve las diferencias sustanciales en la capacidad de respuesta estatal ante desastres naturales. Mientras que los terremotos son fenómenos inevitables que afectan a las naciones sin distinción de ideologías políticas, la gestión de sus consecuencias ha revelado disparidades profundas en la estructura institucional de ambos países vecinos.

En el caso de Venezuela, el sismo ocurrido el 24 de junio evidenció una carencia crítica de preparación ante emergencias de gran escala. La respuesta oficial mostró deficiencias en áreas fundamentales como la logística, el entrenamiento especializado, los protocolos de actuación y la coordinación entre organismos. Ante la falta de una respuesta estatal efectiva, la población civil tuvo que asumir labores de rescate, remoción de escombros y atención a heridos, supliendo las funciones que, en situaciones de desastre, corresponden a los equipos profesionales. Informes previos, como los discutidos en foros técnicos en 2017, ya habían advertido sobre la vulnerabilidad de Caracas ante un evento de esta naturaleza.

Por otro lado, la experiencia en Colombia, aunque no exenta de críticas y momentos de confusión, demostró la existencia de una capacidad institucional consolidada para la gestión del riesgo. A pesar de las controversias políticas, el país vecino mantuvo operativos grupos especializados de búsqueda y rescate, bomberos entrenados y sistemas de logística que permitieron una respuesta organizada. La diferencia fundamental no radica en la ausencia de errores, sino en la capacidad de un Estado para reaccionar ante la crisis mediante protocolos establecidos y personal capacitado.

La lección que dejan estos sucesos subraya la importancia de la institucionalidad como un pilar que debe trascender a los gobiernos de turno. Un Estado funcional requiere de políticas de Estado permanentes, donde la experiencia, los equipos técnicos y la memoria de tragedias pasadas se preserven independientemente de los cambios en el poder. La degradación de estas capacidades en Venezuela se atribuye a procesos prolongados de desmantelamiento de organismos técnicos, sustitución de profesionales por criterios de lealtad política y el abandono de los sistemas de prevención.

En situaciones de emergencia, la prioridad es la asistencia técnica inmediata: equipos de rescate dotados de herramientas adecuadas, atención médica y logística de emergencia. La comparación entre ambos países resalta que, mientras Colombia conserva una estructura capaz de proteger a sus ciudadanos, Venezuela enfrenta las consecuencias de haber erosionado sus instituciones. La capacidad de respuesta ante un terremoto no depende de la orientación política del gobierno, sino de la solidez de las instituciones preparadas para actuar cuando la tierra tiembla. La pregunta que queda abierta para el futuro es si Venezuela logrará recuperar la institucionalidad necesaria para enfrentar los desafíos naturales que, inevitablemente, volverán a ocurrir.