La falta de transparencia en la información oficial sobre las consecuencias de los sismos ocurridos el pasado 24 de junio en Venezuela ha vuelto a ser objeto de críticas. El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció recientemente que las autoridades interinas han interrumpido la actualización de las cifras de víctimas, generando incertidumbre sobre el alcance real de la tragedia. Según la organización, el Estado lleva más de una semana sin informar sobre variaciones en el número de fallecidos, estancado en 6.509 personas, y más de 69 días sin ofrecer novedades sobre el registro de desaparecidos, que se mantiene en 157 desde el 25 de junio.

Esta situación de opacidad informativa no es un evento aislado, sino que forma parte de una tendencia observada desde semanas anteriores. En julio, diversos reportes ya habían documentado retrasos significativos en la divulgación de datos por parte de los organismos competentes. Inicialmente, tras el doble terremoto, las autoridades mantenían una frecuencia diaria en la publicación de los números, una práctica que se ha diluido con el paso del tiempo. Esta interrupción en el flujo de información oficial ha generado cuestionamientos sobre la continuidad y la fiabilidad de los registros estatales frente a una emergencia de tal magnitud.

La ausencia de datos actualizados afecta directamente a los familiares de las personas cuyo paradero sigue siendo desconocido. Provea ha señalado que, ante el vacío informativo oficial, han surgido iniciativas ciudadanas que reportan miles de casos de personas desaparecidas. Sin embargo, estos esfuerzos carecen de un respaldo institucional o un registro público consolidado que permita verificar cuántos de estos reportes corresponden efectivamente a víctimas del desastre. La falta de un canal oficial claro dificulta la sistematización de la búsqueda y la identificación de los afectados.

Ante este escenario, Provea ha hecho un llamado enfático al Gobierno para que cumpla con su obligación de publicar y actualizar de manera continua las cifras oficiales. La organización subrayó que el acceso a información pública, verificable y oportuna es un derecho fundamental durante situaciones de emergencia, ya que permite dimensionar correctamente la tragedia y coordinar las acciones necesarias para la atención de las víctimas y sus allegados. La opacidad, por el contrario, impide una comprensión clara de la situación y obstaculiza la respuesta humanitaria.

El contexto en el que se desarrolla esta crisis informativa está marcado por un entorno complejo para el ejercicio periodístico en Venezuela. La divulgación de datos sobre la emergencia se produce bajo un marco legal que incluye normativas como las leyes "contra el odio", "contra el fascismo" y "contra el bloqueo", las cuales han sido señaladas como instrumentos que limitan la libertad de expresión y la difusión de información. A pesar de estas restricciones y las amenazas existentes, la exigencia de transparencia sobre las consecuencias del terremoto del 24 de junio se mantiene como una prioridad para las organizaciones de derechos humanos y los familiares de las víctimas.