El Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) ha emitido una advertencia crucial tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron la zona norte del país el pasado 24 de junio. El gremio profesional instó a la ciudadanía y a los responsables de las obras de reparación a evitar cualquier alteración en las estructuras de los edificios afectados sin contar previamente con estudios técnicos especializados. Según el organismo, las intervenciones improvisadas durante los procesos de reforzamiento podrían comprometer seriamente la estabilidad de las edificaciones ante posibles réplicas o futuros eventos sísmicos.

Alfredo Urich, ingeniero experto en patología y recuperación de construcciones, subrayó la importancia de que las reparaciones se limiten a restituir las condiciones originales del elemento dañado, evitando modificaciones innecesarias en el diseño. El especialista cuestionó específicamente aquellas prácticas que implican aumentar las dimensiones de columnas mediante estructuras de acero o la adición arbitraria de vigas. Urich advirtió que tales cambios alteran el comportamiento global del inmueble, convirtiéndolo efectivamente en una estructura distinta que requiere un modelado matemático completo para garantizar que no se degrade su capacidad de respuesta ante un nuevo sismo.

En el marco de estas labores de revisión, el CIV ha desplegado equipos técnicos en el Área Metropolitana de Caracas, logrando contabilizar hasta la fecha 11.185 inspecciones. Los resultados de este despliegue indican que el 75% de los inmuebles evaluados han recibido una etiqueta verde, lo que permite su habitabilidad. Por otro lado, un 13% de las construcciones fueron clasificadas con etiqueta amarilla, lo que implica restricciones de uso, mientras que un 10% obtuvo la etiqueta roja debido a condiciones de peligro. El análisis preliminar sugiere que gran parte de los daños observados se concentran en elementos no estructurales, como paredes, sin comprometer necesariamente la integridad de la estructura principal.

El análisis técnico también ha puesto de manifiesto una brecha generacional en la resistencia de las edificaciones. Según los expertos, los edificios construidos en años recientes exhiben, por lo general, menores daños estructurales, un hecho que se atribuye a la evolución de las normativas de construcción y a criterios de ingeniería sismorresistente más avanzados. En contraparte, aquellas estructuras levantadas durante las décadas de 1950 y 1960 fueron edificadas bajo estándares de conocimiento sísmico que, a juicio de los especialistas, resultaban insuficientes para los desafíos actuales.

Ante este panorama, el CIV ha reiterado la necesidad urgente de actualizar las normas sismorresistentes y los criterios de planificación urbana en el país, una solicitud que el organismo formalizó a principios de agosto. Esta petición cobra mayor relevancia considerando el impacto económico de los sismos, cuyas pérdidas físicas directas han sido estimadas por el Banco Mundial en 19.600 millones de dólares. Para el gremio de ingenieros, la recuperación nacional no debe limitarse a la reparación estética de grietas, sino enfocarse en garantizar, mediante supervisión especializada, que las estructuras intervenidas mantengan o mejoren su capacidad de resistencia ante futuros movimientos telúricos.