La reciente promulgación de la Ley de Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Vivienda, vigente desde el 7 de agosto de 2026, ha generado un intenso debate sobre el futuro del mercado inmobiliario en Venezuela. Este nuevo marco legal, publicado en la Gaceta Oficial N.º 7.065 Extraordinario, busca transformar la dinámica de alquileres en el país, un sector que enfrenta desafíos estructurales agravados por la escasez de crédito hipotecario, la inflación y la creciente demanda habitacional derivada de los terremotos ocurridos el pasado 24 de junio.

El análisis de esta normativa fue el eje central del foro organizado por la Cátedra Libre Andrés Bello de Ética Cívica de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Durante el encuentro, especialistas y legisladores coincidieron en que la ley representa un cambio de paradigma al priorizar la autonomía contractual y el derecho de propiedad, alejándose de los controles administrativos que caracterizaron la legislación de 2011. Ramón Guillermo Aveledo, titular de la cátedra, subrayó en la apertura que cualquier regulación debe procurar el equilibrio razonable y el bien común para evitar el fracaso de las políticas públicas.

La diputada Diana Rodríguez, integrante de la Comisión Especial que trabajó en el proyecto, explicó que la ley es el resultado de un proceso de consulta pública que integró más de 900 propuestas. Según la parlamentaria, uno de los aspectos más relevantes es la desburocratización, al eliminar la intervención previa de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda (Sunavi) para los nuevos contratos. Además, la normativa incluye cláusulas explícitas contra la discriminación, una medida diseñada específicamente para proteger a las familias desplazadas desde el estado La Guaira tras los eventos sísmicos de junio, quienes enfrentaban rechazo en el mercado inmobiliario.

Desde una perspectiva jurídica, el abogado Alfredo Abou-Hassan valoró positivamente el reconocimiento de la voluntad de las partes y la posibilidad de pactar cánones en moneda extranjera. El especialista destacó que la nueva ley simplifica los procedimientos judiciales, contrastando con las trabas administrativas que, a su juicio, obstaculizaban la ejecución de sentencias bajo el régimen anterior. No obstante, Abou-Hassan advirtió sobre el reto que supondrá para el sistema judicial la coexistencia de dos marcos legales distintos, dado que la nueva ley solo aplica a los contratos suscritos después del 7 de agosto de 2026.

Por su parte, la abogada y docente Cora Farías planteó reservas sobre la aplicación práctica del texto, especialmente en lo referente a su carácter transitorio. Farías señaló que la efectividad real de esta ley solo podrá ser evaluada a partir del primer trimestre de 2027. La experta enfatizó la necesidad de observar con cautela el amparo legal que recibirán los contratos que vencieron tras la entrada en vigor de la nueva normativa, cuestionando la estabilidad a largo plazo del régimen especial frente a la legislación previa que aún rige los contratos antiguos.