A más de 70 días de los sismos registrados el pasado 24 de junio en Venezuela, la gestión de la emergencia continúa marcada por la falta de transparencia y la interrupción de los canales oficiales de información. Un reciente balance elaborado por la organización no gubernamental Un Mundo sin Mordaza advierte que la ausencia de datos públicos actualizados impide evaluar con precisión el impacto real de la tragedia y fiscalizar las labores de reconstrucción. El último reporte oficial, emitido el 24 de agosto, contabilizaba 6509 fallecidos, 6462 personas rescatadas y más de 226 mil atenciones hospitalarias, cifras que no han sido actualizadas desde entonces, dejando un vacío crítico sobre el paradero de los desaparecidos.

La investigación detalla que, si bien La Guaira fue la zona más devastada, los efectos de los terremotos se extendieron por al menos siete estados, incluyendo Distrito Capital, Miranda, Aragua, Carabobo, Falcón y Yaracuy. En estas regiones, se reportaron daños estructurales significativos, colapsos de edificaciones y una respuesta inicial que, según estimaciones de Transparencia Venezuela, fue lenta durante las primeras 48 horas. Informes humanitarios sugieren que la demora en el despliegue de ayuda oficial se debió a fallas en la coordinación, falta de equipos especializados y obstáculos administrativos que dificultaron la labor de organizaciones civiles y equipos internacionales.

El entorno para el ejercicio periodístico y la asistencia humanitaria también se vio restringido. Diversas organizaciones documentaron incidentes que incluyeron hostigamiento, detenciones arbitrarias y limitaciones para acceder a las zonas afectadas. En particular, el Ministerio de Comunicación implementó registros obligatorios para los trabajadores de la prensa que intentaban cubrir la situación en La Guaira, solicitando datos personales detallados y restringiendo el acceso a áreas bajo control militar. Asimismo, se registraron casos como la detención temporal de un ciudadano que denunció públicamente la falta de maquinaria para el rescate, lo que generó críticas desde sectores gubernamentales.

El impacto en la población infantil es uno de los puntos de mayor preocupación, ante la ausencia de cifras oficiales consolidadas. Organizaciones como Cecodap y otras entidades han realizado estimaciones que superan los mil casos de menores afectados, incluyendo fallecimientos, desapariciones y desplazamientos. Además, se reportaron daños en más de mil instituciones educativas, lo que agrava la crisis de acceso a la formación académica. Paralelamente, el Fondo de Población de las Naciones Unidas ha alertado sobre la situación de cientos de personas que sufrieron amputaciones a causa de los sismos, enfrentando altos costos para acceder a prótesis y rehabilitación especializada.

Finalmente, el informe cuestiona la rendición de cuentas sobre los recursos destinados a la recuperación. A pesar de las donaciones internacionales recibidas, persisten dudas sobre la ejecución de los fondos y el cumplimiento de las metas de vivienda, ya que el ritmo de entrega de nuevos inmuebles se mantiene muy por debajo de los objetivos planteados. La organización insiste en la necesidad de retomar la publicación de boletines periódicos y transparentar los procesos de demolición y reconstrucción, subrayando que la omisión de información estatal compromete la capacidad de respuesta ante las necesidades reales de los damnificados.