A dos meses de los terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio, la organización no gubernamental Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) ha alzado su voz para exigir al Estado la creación y difusión de un registro público, unificado y actualizado de las personas desaparecidas. La ONG sostiene que, ante la falta de una base de datos oficial centralizada, las labores de búsqueda y localización han recaído casi exclusivamente sobre los hombros de las familias afectadas, quienes enfrentan la incertidumbre sin el respaldo institucional necesario.

La crítica de Provea se centra en la opacidad informativa que ha caracterizado la gestión de las autoridades tras los sismos. Según la organización, el último reporte oficial sobre desaparecidos fue emitido el 25 de junio, apenas un día después de la catástrofe, cifrando en 157 las personas no localizadas. Desde esa fecha, los entes nacionales no han ofrecido actualizaciones, lo que ha generado una brecha significativa entre las cifras estatales y la realidad percibida en las zonas más afectadas.

Esta discrepancia es evidente al contrastar los datos oficiales con la información recabada por autoridades regionales y organizaciones civiles. A principios de agosto, el gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, informó a medios internacionales que, solo en su entidad, las familias han reportado más de 1.500 personas en condición de extravío. Paralelamente, la iniciativa comunitaria "Desaparecidos Terremoto Venezuela" ha logrado recopilar en su plataforma digital más de 29.000 reportes de ciudadanos con los que aún no se ha podido establecer comunicación, evidenciando una magnitud de la crisis mucho mayor a la reconocida inicialmente.

Provea ha enfatizado que el Estado venezolano mantiene obligaciones internacionales pendientes en materia de gestión de riesgos y protección a las víctimas. La organización instó a las instituciones gubernamentales a priorizar la atención sobre esta tragedia humanitaria, subrayando que la falta de un reporte unificado obstaculiza los esfuerzos de rescate y asistencia. Hasta el momento, el balance oficial más reciente sitúa la cifra de fallecidos en al menos 6.509 personas, un número que refleja la gravedad del impacto sísmico en el territorio nacional.

Mientras las familias continúan buscando respuestas, organizaciones de auxilio y voluntarios han advertido sobre una disminución preocupante en el flujo de asistencia internacional, especialmente en las áreas más devastadas de la costa central. En estas zonas, la situación sigue siendo crítica, con necesidades urgentes que no han sido plenamente cubiertas, tales como el suministro constante de agua potable, productos de higiene personal y el acceso a insumos médicos asistenciales. La falta de coordinación y transparencia en el registro de desaparecidos se suma a estos desafíos logísticos, complicando la recuperación de las comunidades afectadas a dos meses del desastre.