El inicio del año escolar en Venezuela ha adquirido un matiz de profunda incertidumbre tras el doblete sísmico ocurrido el pasado 24 de junio. Más allá de las preocupaciones habituales por la compra de útiles o la organización de horarios, miles de familias se enfrentan a una interrogante fundamental: la seguridad de las infraestructuras educativas. La tragedia, que dejó un saldo de miles de fallecidos y damnificados, además de una destrucción generalizada en regiones como Caracas, La Guaira y Miranda, ha transformado la percepción de riesgo en los espacios cotidianos de enseñanza.

Los informes de organizaciones especializadas en derechos de la infancia revelan un panorama preocupante en cuanto a la integridad física de los planteles. Aproximadamente el 27,3% de las instituciones en las zonas afectadas reportaron daños graves, incluyendo grietas profundas en columnas y colapsos parciales de techos, mientras que un tercio de los centros educativos mantiene áreas clausuradas. Aunque una parte significativa de los reportes clasifica los daños como leves, los expertos advierten que una evaluación superficial es insuficiente. Sin una certificación técnica independiente que avale la estabilidad estructural, no es posible garantizar la seguridad real de los estudiantes y el personal docente.

Ante este escenario, la exigencia de las familias y de diversos sectores educativos no es la suspensión indefinida de las clases, sino la garantía de un retorno seguro y verificable. Si bien el Ministerio de Educación ha anunciado la rehabilitación de 1.500 colegios, las organizaciones civiles denuncian la ausencia de información técnica pública y desagregada que permita conocer el estado real de cada institución. La demanda central es que el proceso de reapertura sea diferenciado, reconociendo que no todas las escuelas enfrentan la misma situación y que algunas requieren intervenciones profundas antes de ser habilitadas.

La crisis de infraestructura se ve agravada por la precariedad en los servicios básicos. Según los datos recopilados, más de la mitad de los planteles afectados presentan fallas graves en el suministro de agua potable, gas y servicios de conectividad como internet y telefonía, elementos esenciales para la operatividad escolar y la coordinación ante emergencias. Asimismo, existe un llamado urgente para que las escuelas que fueron utilizadas como refugios temporales o centros de acopio sean sometidas a procesos rigurosos de saneamiento y adecuación, asegurando condiciones de higiene y seguridad antes de retomar su función pedagógica.

Finalmente, el impacto emocional del desastre exige una respuesta integral que trascienda la reparación física. Estudiantes y maestros enfrentan el trauma derivado de las pérdidas personales y la constante exposición a réplicas sísmicas. Especialistas en educación y psicología sugieren que las primeras semanas del año escolar deben priorizar el acompañamiento psicoemocional y la reconstrucción de rutinas, postergando la presión académica tradicional. Este enfoque restaurativo busca convertir las aulas en espacios de contención, reconociendo que el sistema educativo debe adaptarse a una nueva realidad donde la seguridad y el bienestar emocional son condiciones innegociables para el aprendizaje.