El reciente doblete sísmico registrado el pasado 24 de junio ha dejado secuelas críticas en la infraestructura de servicios públicos en Caracas. En la parroquia Antímano, ubicada al suroeste de la capital, el movimiento telúrico provocó fracturas en las tuberías de distribución de agua, agravando una crisis de suministro que afecta a 19 sectores de la zona. Esta situación ha intensificado las dificultades de miles de familias que, desde hace años, enfrentan interrupciones prolongadas en el servicio y el incumplimiento de los planes de racionamiento establecidos por la estatal Hidrocapital.

La falta de agua por tubería, que en algunos casos alcanza el mes de espera, ha obligado a los residentes a buscar alternativas costosas o extenuantes para abastecerse. Aquellos con capacidad económica deben desembolsar entre 120 y 150 dólares para contratar camiones cisterna privados, un gasto que a menudo se divide entre varios vecinos. Por otro lado, quienes carecen de recursos se ven forzados a cargar recipientes desde otros puntos de la ciudad o a trasladarse largas distancias para realizar tareas básicas como lavar ropa o recoger agua potable, convirtiendo una necesidad fundamental en una carga diaria.

La situación es especialmente precaria en zonas como Mamera 4, La Cumbre, El Realengo, Carapita y el Casco Central, entre otras. Vecinos de la comunidad han señalado que, además de los daños estructurales causados por los sismos, la presión sobre la red de tuberías ha aumentado debido a la construcción de nuevos desarrollos habitacionales en áreas cercanas, lo que ha derivado en suspensiones directas del flujo hacia sectores como Vuelta del Fraile y El Carmen. A pesar de las constantes denuncias y la consignación de documentos ante las oficinas de Hidrocapital en Maripérez, los habitantes reportan una falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades.

El deterioro del sistema no solo se manifiesta en la ausencia del recurso, sino también en su calidad. Cuando el suministro se restablece ocasionalmente, los residentes denuncian que el agua presenta mal olor, turbidez y, en algunos casos, provoca afecciones en la piel. Esta realidad se enmarca en un contexto nacional más amplio de crisis hídrica; según informes recientes, millones de personas en el país enfrentan restricciones severas y reportan el consumo de agua que no cumple con los estándares de potabilidad, debido a la presencia de sedimentos y microorganismos.

A pesar de las mesas de trabajo y las protestas comunitarias organizadas para exigir soluciones, la respuesta institucional ha sido insuficiente. Los vecinos continúan reportando botes de agua sin atención en calles como Santa Ana y Vuelta del Fraile, mientras las cuadrillas técnicas no han realizado las inspecciones necesarias tras los sismos. La comunidad de Antímano mantiene su exigencia de una restitución constante del servicio, subrayando que la actual precariedad ha transformado el acceso al agua en un lujo inalcanzable para gran parte de la población.