A más de 100 días de los terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio, la organización Cecodap y su Agencia PANA denunciaron la persistente falta de datos oficiales sobre el impacto del desastre en la población infantil y adolescente. Durante la presentación de su tercer informe sobre la materia, los portavoces de la ONG advirtieron que la opacidad gubernamental representa un grave riesgo de protección para los menores de edad afectados.

Carlos Trapani, abogado y coordinador general de Cecodap, enfatizó que la insuficiencia de información desagregada, pública y periódica dificulta la toma de decisiones y la priorización de la ayuda humanitaria. Según Trapani, la información oportuna constituye en sí misma una medida de protección indispensable para ajustar las respuestas a las necesidades específicas de cada niño, niña o adolescente según su género, edad o condición de vulnerabilidad.

Los registros independientes recopilados por la Agencia PANA revelan una situación crítica. Hasta el momento, se han contabilizado 3.267 casos de menores con afectación directa por los sismos. De esta cifra, al menos 144 niños, niñas y adolescentes continúan desaparecidos. En 40 de estos casos, los padres o representantes también se encuentran desaparecidos, y en otros ocho casos los progenitores fallecieron, lo que impone una doble carga de búsqueda para los familiares sobrevivientes. Por otro lado, la ONG confirmó el hallazgo sin vida de 201 menores, de los cuales 129 fallecieron junto a sus padres.

El desplazamiento interno se ha convertido en una de las consecuencias más recurrentes y desatendidas de la emergencia. Los datos de la organización indican que al menos 1.811 menores se han trasladado a otros estados del país acompañados por familiares directos o extendidos, principalmente hacia Monagas, Nueva Esparta, Trujillo, Barinas y Miranda. Indira Rojas, coordinadora de la Agencia PANA, señaló que solo se ha podido identificar un plan de albergue organizado por el Estado en el estado Trujillo, mientras que el resto de las familias debe recurrir a hogares de parientes, lo que genera hacinamiento, sobrecarga económica y un fuerte impacto psicosocial no atendido en la infancia.

La organización también alertó sobre los riesgos asociados a la falta de trazabilidad de los casos, mencionando situaciones de entrega errónea de restos a familiares y el peligro de las denominadas "adopciones solidarias", una práctica no contemplada en la legislación venezolana. Ante este panorama, Cecodap instó a las autoridades a publicar los datos demográficos disponibles para permitir un análisis conjunto y construir respuestas efectivas que garanticen la seguridad física, alimentaria y psicosocial de las infancias afectadas.