A tres meses del doble terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio de 2026, la opacidad y la falta de datos oficiales continúan marcando la gestión de la catástrofe. Un análisis reciente de la organización ProBox, que monitoreó el desempeño comunicacional de 41 instituciones estatales, revela que la respuesta informativa fue tardía y estuvo más enfocada en la narrativa política que en la orientación ciudadana. Según el informe, los balances sobre víctimas y daños materiales siguen siendo una incógnita para la población.

La investigación destaca una brecha crítica en los tiempos de respuesta. De los 41 organismos con competencias directas en la crisis, solo el 15 % publicó información el mismo día del sismo. En contraste, más de la mitad de las instituciones, incluyendo entes fundamentales como el Cicpc, el Ministerio Público y los despachos de servicios básicos, tardaron tres días o más en pronunciarse, o simplemente guardaron silencio. Esta demora contraviene los estándares internacionales de gestión de emergencias, donde las primeras horas son vitales para la supervivencia.

El reporte de ProBox también cuestiona la calidad del contenido difundido. Solo cinco instituciones brindaron información técnica y útil para atender la emergencia. Por el contrario, el 51 % de los entes estatales se limitó a publicar propaganda, fotos de recorridos de funcionarios o mensajes de agradecimiento político. Mientras el discurso oficial intentaba posicionar una narrativa de despliegue inmediato, los datos demuestran que autoridades clave, como la vicepresidenta Delcy Rodríguez, ofrecieron declaraciones horas después del evento sin aportar cifras concretas sobre las zonas más afectadas.

La situación en el estado La Guaira, epicentro del desastre, es calificada como la más deficiente en términos de cobertura. A pesar de la magnitud de los daños, la gobernación no registró datos en su portal web y el gobernador José Alejandro Terán esperó 18 días para ofrecer una entrevista detallada. Asimismo, Funvisis, ente encargado del monitoreo sísmico, emitió su primer reporte cinco horas después del sismo, una diferencia notable frente a organismos internacionales que difundieron datos precisos en apenas 14 minutos.

La falta de transparencia gubernamental ha coincidido con restricciones al ejercicio periodístico. IPYS Venezuela documentó bloqueos a portales de noticias y trabas arbitrarias para acceder a las zonas de desastre. Hasta la fecha, las cifras oficiales permanecen estancadas: el último balance general, emitido el 24 de agosto, reportó 6.509 fallecidos, pero el registro de personas desaparecidas no se actualiza desde el día posterior al terremoto. Esta ausencia de información clara ha obligado a los ciudadanos a recurrir a plataformas independientes para intentar localizar a sus familiares.