La crisis del servicio de agua en Venezuela ha alcanzado niveles críticos tras los terremotos del 24 de junio de 2026, los cuales agravaron una problemática de infraestructura que arrastra años de deterioro. Los sismos, con magnitudes de 7,5 y 7,2, no solo causaron daños severos en viviendas y hospitales, sino que destruyeron redes de distribución esenciales, dejando a miles de personas desplazadas en estados como La Guaira sin acceso a agua potable. Organizaciones internacionales como la Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras y la Organización Panamericana de la Salud han advertido que esta interrupción en el suministro, sumada a las deficiencias en el saneamiento, eleva considerablemente el riesgo de brotes de enfermedades gastrointestinales y respiratorias entre la población afectada.

Este escenario se ve amenazado adicionalmente por el fenómeno meteorológico conocido como Súper Niño, que proyecta un periodo de estrés hídrico, sequías prolongadas y temperaturas extremas hasta principios de 2027. Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) 2025, la situación ya era precaria antes de los sismos: solo el 19% de la población recibía agua de manera continua, mientras que el resto dependía de ciclos irregulares, camiones cisterna o almacenamiento doméstico. La infraestructura, que alguna vez fue un sistema robusto de embalses y plantas de tratamiento, ha sufrido un desgaste progresivo debido a la falta de mantenimiento y a la pérdida de capital humano especializado.

Expertos en el área, como el ingeniero civil Norberto Bausson, señalan que el problema no radica en la escasez del recurso hídrico, sino en la gestión institucional y el abandono de las capacidades técnicas. Bausson sostiene que la recuperación del servicio requiere una reestructuración profunda que priorice la formación de personal y la rehabilitación de las estaciones de bombeo y redes de distribución existentes. Según el especialista, la prioridad debe ser optimizar la distribución de la poca agua disponible para garantizar un suministro mínimo por habitante mientras se ejecutan planes integrales de reparación.

Por su parte, Jesús Vásquez, director ejecutivo de Monitor Ciudad, enfatiza que gran parte del problema reside en las pérdidas físicas del sistema. En ciudades como Caracas, se estima que entre el 50% y el 60% del agua se pierde debido a fugas en tuberías deterioradas y conexiones ilegales. Vásquez advierte que invertir en nuevas obras sin corregir primero las fallas estructurales y establecer un plan de mantenimiento preventivo es ineficaz. La reciente ruptura del Alimentador Norte en Caracas, ocurrida días antes de los sismos, ejemplifica cómo la falta de atención a las señales de deterioro en tuberías antiguas provoca colapsos inevitables al aumentar la presión hidráulica.

Ante este panorama, la reconstrucción de las instituciones y la recuperación de la capacidad operativa de las hidrológicas se presentan como los desafíos fundamentales para estabilizar el suministro de agua en el país. La crisis actual, exacerbada por los desastres naturales, subraya la urgencia de un plan de acción que trascienda la respuesta inmediata y se enfoque en la sostenibilidad a largo plazo de los sistemas de abastecimiento.