Venezuela requiere una inversión de hasta 21.000 millones de dólares para financiar las labores de reconstrucción y recuperación tras los devastadores sismos ocurridos el pasado 24 de junio. Esta cifra se desprende de la Evaluación de Necesidades Posteriores al Desastre (PDNA), un informe técnico presentado este martes que detalla el impacto económico y social de los movimientos telúricos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el territorio nacional.

El estudio, liderado por el Gobierno venezolano con el respaldo de las Naciones Unidas, la Unión Europea y el Banco Mundial, estima que los daños y pérdidas materiales en los siete estados más afectados ascienden a 14.831 millones de dólares. El presupuesto total proyectado no solo contempla la reparación de la infraestructura dañada, sino que incluye medidas estratégicas para reconstruir bajo criterios de resiliencia y reducción de riesgos ante futuros eventos naturales.

Durante la entrega del informe en el Palacio de Miraflores, la directora para América Latina y el Caribe del PNUD, Michelle Muschett, enfatizó que este documento constituye un insumo basado en evidencia para establecer una hoja de ruta operativa. Por su parte, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, subrayó la importancia de contar con un diagnóstico unificado entre los organismos internacionales y el Estado para ejecutar un plan de acción coherente frente a la tragedia que cobró la vida de más de 6.500 personas.

La evaluación analizó sectores críticos como la infraestructura, la producción y los servicios sociales, contando además con el asesoramiento técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CAF. Los hallazgos permitirán priorizar las intervenciones en las zonas más vulnerables, donde la población aún enfrenta las secuelas del doble terremoto que afectó gravemente la estabilidad habitacional y económica de la región.

En cuanto al sector vivienda, uno de los más golpeados, el último balance oficial registra 11.001 inmuebles con daños graves y 14.239 con afectaciones moderadas. Ante esta situación, el Ejecutivo ha solicitado apoyo internacional para impulsar programas de vivienda que atiendan a los miles de ciudadanos que perdieron sus hogares. La nueva fase de recuperación buscará transformar estos datos técnicos en una estrategia financiera y operativa para la reconstrucción nacional.