A dos meses de los terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, presentó un balance sobre las acciones gubernamentales en curso y los planes de recuperación para el cierre del año. Durante su alocución, la mandataria interina reconoció que miles de familias aún padecen las secuelas de la tragedia, por lo que el Ejecutivo mantendrá los programas de atención mientras se ejecutan las obras de reconstrucción. Según los datos oficiales, hasta la fecha se han entregado 335 viviendas y se han recuperado otras 1.001, beneficiando a más de 4.600 personas. El compromiso anunciado es adjudicar más de 4.000 nuevas soluciones habitacionales antes de que finalice 2026.

Uno de los pilares de la recuperación es el Plan Despeje Digno y Seguro, enfocado en la remoción de escombros de las estructuras colapsadas. Rodríguez informó que se han retirado cerca de 580.000 toneladas de restos, lo que equivale al 28% del total estimado. Este proceso, que cuenta con la colaboración de especialistas internacionales y organismos de Naciones Unidas, se realiza bajo protocolos de seguridad que buscan preservar la memoria de los espacios afectados. La funcionaria subrayó que estas labores no son meramente técnicas, sino que implican un respeto hacia la historia y los recuerdos de las familias que perdieron sus hogares.

En materia de infraestructura y servicios, la emergencia ha servido como catalizador para acelerar mejoras en el sistema eléctrico. El gobierno ha suscrito acuerdos, incluyendo uno con la empresa argentina-americana INSA, para incorporar nuevos megavatios y ampliar la capacidad termoeléctrica del país. Paralelamente, el sector de hidrocarburos reportó una producción superior a los 1,23 millones de barriles diarios, cifra que, según el Ejecutivo, no se alcanzaba desde febrero de 2019. Se han firmado 50 acuerdos estratégicos en petróleo y gas que abarcan 76 áreas productivas, aunque las autoridades admitieron que persisten desafíos económicos estructurales.

La administración pública también enfrenta cambios significativos. Rodríguez anunció una política de simplificación de trámites y digitalización para reducir la burocracia, buscando que el Estado sea más eficiente en su relación con el ciudadano. En el ámbito de la seguridad ciudadana, se informó sobre la próxima eliminación de las alcabalas policiales en las ciudades, las cuales serán reemplazadas por un reforzamiento del patrullaje, bajo un esquema que se pretende más profesional y respetuoso de los derechos humanos. Asimismo, se trabaja con el Comité Internacional de la Cruz Roja para evaluar las condiciones de los centros de reclusión.

Finalmente, en el plano político, el gobierno reportó avances en un acuerdo con un sector de la oposición de la Asamblea Nacional de 2015, enfocado en la recuperación de activos y la renovación del Poder Judicial. Rodríguez destacó que, bajo el Programa de Convivencia Democrática y Paz, se han registrado 1.046 liberaciones y 12.000 beneficios procesales. A pesar de estos anuncios, la mandataria reconoció que aún existen problemas pendientes, como la necesidad de vivienda definitiva para muchas familias y la recuperación total de servicios básicos, planteando la reconstrucción como una oportunidad para transformar las condiciones estructurales del país.