A casi dos meses de los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio, una delegación de la Asamblea Nacional (AN) de 2015 llevó a cabo una jornada de inspección en el estado La Guaira. El objetivo central de esta visita fue evaluar directamente el estado de la infraestructura urbana y las edificaciones que sufrieron daños estructurales severos, así como verificar las condiciones de vida en los refugios temporales habilitados para las familias que perdieron sus hogares.

La comitiva parlamentaria estuvo liderada por la presidenta de la AN de 2015, Dinorah Figuera, acompañada por los diputados Ramón López y Jorge Millán. Durante su recorrido, los legisladores visitaron diversos sectores que resultaron gravemente impactados por el fenómeno sísmico, incluyendo las zonas de Caraballeda, Macuto, Mare Abajo y Playa Grande. Esta actividad se enmarca dentro de las labores de seguimiento y asistencia humanitaria que diversos sectores han impulsado ante la emergencia nacional provocada por los sismos.

Durante el despliegue, los parlamentarios mantuvieron encuentros directos con los vecinos de las comunidades afectadas. El propósito de estos diálogos fue conocer de primera mano las necesidades más urgentes de los ciudadanos, especialmente de aquellos cuyas viviendas sufrieron colapsos parciales o totales. Según se informó, esta evaluación busca sistematizar los requerimientos prioritarios de los damnificados para canalizar los esfuerzos de ayuda necesarios en medio de la crisis.

La magnitud del desastre, según el balance oficial presentado por el gobierno nacional el pasado 10 de agosto de 2026, refleja una situación de extrema gravedad. Las cifras reportadas indican que 6.301 personas perdieron la vida a causa de los terremotos. Asimismo, más de 73.300 ciudadanos han requerido atención médica en centros hospitalarios ubicados en Caracas, Miranda y La Guaira, evidenciando la enorme presión sobre el sistema de salud tras el evento sísmico.

En cuanto a la infraestructura habitacional, las autoridades han realizado inspecciones en más de 53.000 viviendas. De este total, aproximadamente 9.560 inmuebles han sido clasificados bajo condiciones de alto riesgo o pérdida total, tras registrarse el derrumbe de más de 190 edificios. Estas cifras subrayan la complejidad del escenario actual, donde miles de personas permanecen en campamentos transitorios a la espera de soluciones habitacionales definitivas.

Mientras tanto, las labores de recuperación continúan en las zonas afectadas. Brigadas de rescate, apoyadas por maquinaria pesada, mantienen los trabajos de remoción de escombros en los sectores más golpeados por los terremotos. La presencia de los diputados en el terreno busca visibilizar la situación de los damnificados y mantener la atención sobre las necesidades de reconstrucción y asistencia que aún persisten en la entidad costera.