En el marco de la reciente jornada de formalización del denominado "Caso Sartor", el abogado querellante Alejandro Laura, quien representa a accionistas minoritarios de Azul Azul, ha solicitado formalmente que los directores de la concesionaria que gestiona al club Universidad de Chile pongan sus cargos a disposición de la junta de accionistas. Esta petición surge como una medida de transparencia ante la situación judicial que enfrentan diversos ejecutivos vinculados a la administración de la entidad deportiva.

La solicitud de Laura se fundamenta en la necesidad de desvincular la actual directiva de la figura de Michael Clark, expresidente de la concesionaria, quien se encuentra entre los imputados en este proceso judicial. Según argumentó el abogado ante los medios de comunicación, resulta cuestionable que las personas designadas por alguien que enfrenta cargos por múltiples delitos continúen conformando el directorio actual. Esta postura busca salvaguardar la integridad institucional de Azul Azul frente a las graves acusaciones que pesan sobre quienes ejercieron el control de la sociedad en años recientes.

Durante la audiencia, los abogados querellantes ratificaron su respaldo a la solicitud de prisión preventiva presentada por la Fiscalía contra cinco de los once imputados en la causa, entre ellos Michael Clark, Pedro Pablo Larraín, Carlos Larraín, Sergio Yáñez y Rodrigo Bustamante. El abogado Laura enfatizó que, durante los últimos cuatro años, Clark ejerció una influencia determinante al controlar indirectamente más del 63 por ciento de las acciones de la concesionaria. Según la querella, este control se habría adquirido infringiendo la Ley de Mercado de Valores, un punto central que, de ser confirmado por la justicia, invalidaría la legitimidad de las designaciones realizadas bajo su gestión.

El planteamiento de la parte querellante abarca a la actual mesa directiva, encabezada por Cecilia Pérez. Cabe recordar que Clark dejó de controlar dicho paquete accionario tras la resciliación de la operación mediante la cual había adquirido la mayoría de las cuotas del Fondo de Inversión Privado Tactical Sport, entidad que posee la participación mayoritaria en Azul Azul. Tras este movimiento, dichas cuotas retornaron a Asesorías e Inversiones Sartor, sociedad que actualmente se encuentra en proceso de liquidación.

Respecto a las posibles sanciones penales, el abogado Laura evitó realizar proyecciones definitivas, señalando que es prematuro especular sobre la extensión de una eventual condena, dado que el proceso judicial se encuentra en una etapa inicial y requiere de una tramitación extensa. Mientras tanto, la audiencia de formalización continuará con las intervenciones de las defensas de los imputados, previéndose que el proceso se extienda al menos hasta mediados de la próxima semana.

En paralelo a este proceso penal, la situación financiera de Asesorías e Inversiones Sartor sigue su curso. Para el mes de septiembre está programada la junta de acreedores, instancia donde se definirá el futuro de las cuotas que la sociedad mantiene en Tactical Sport y se establecerá el mecanismo para su futura venta. Por su parte, el liquidador Eduardo Godoy aclaró que, hasta el momento, no existe una decisión formal orientada a remover al directorio de Azul Azul, manteniendo la gestión del club bajo su estructura actual mientras avanza la investigación judicial.