A cuatro meses del doblete sísmico que sacudió diversas zonas de Venezuela, la crisis educativa persiste en Caracas y el estado La Guaira, donde miles de estudiantes permanecen fuera de las aulas o bajo modalidades de contingencia. En parroquias como Propatria, diversas instituciones educativas mantienen etiquetas rojas, una clasificación técnica que prohíbe el acceso de alumnos debido a daños estructurales que comprometen la seguridad de las edificaciones. Ante esta situación, algunos planteles han sido habilitados como campamentos transitorios para familias damnificadas, mientras que otros han optado por esquemas de educación a distancia o asistencia presencial limitada, medidas que han generado un profundo descontento entre los representantes.

La preocupación de las familias se centra en la calidad del aprendizaje bajo estos esquemas improvisados. En instituciones como la Unidad Educativa Nacional Mariano Picón Salas, los estudiantes reciben asignaciones semanales para entregar en los planteles, una modalidad que, según los padres, no garantiza una formación adecuada. Situaciones similares se replican en otros centros educativos, donde los alumnos acuden apenas un día a la semana o reciben clases de forma virtual, lo que ha derivado en protestas y llamados directos al Ministerio de Educación exigiendo la rehabilitación urgente de la infraestructura escolar.

El impacto de los sismos ha sido generalizado, afectando tanto a instituciones públicas como privadas. Gremios docentes y representantes han denunciado intentos de modificar las etiquetas de riesgo de ciertos planteles sin que se hayan ejecutado las reparaciones necesarias. En casos específicos, como en la Unidad Educativa Distrital Curacay de Macarao, la comunidad educativa se opuso a la reclasificación de su institución de riesgo rojo a amarillo, argumentando que las condiciones físicas del inmueble no permitían reanudar las actividades presenciales. Esta desconfianza se extiende a otras zonas como Catia, donde también se han reportado denuncias sobre cambios de estatus sin mejoras estructurales.

Las cifras oficiales sobre la magnitud de los daños han mostrado inconsistencias. Mientras el Gobierno reportó en octubre la reparación integral de 121 infraestructuras en La Guaira, otras fuentes, como la consultora Anova Research, estimaron meses atrás que al menos 62 colegios presentaban daños, con 21 planteles colapsados o gravemente afectados. Por su parte, el Sindicato Venezolano de Maestros ha alertado que la crisis se extiende a parroquias como Antímano, El Paraíso, La Vega y Caricuao, donde la mayoría de los centros educativos operan con restricciones severas o bajo modalidades online que no cubren las necesidades pedagógicas.

Especialistas en derechos de la infancia, como Carlos Trapani de Cecodap, advierten que la recuperación educativa debe evaluarse más allá de la reapertura de puertas. El experto señala que el derecho a la educación implica garantizar condiciones óptimas de aprendizaje, frecuencia de clases y espacios adecuados, factores que actualmente se ven comprometidos. La incertidumbre sobre el futuro escolar de miles de niños y adolescentes, sumada a la falta de respuestas claras por parte de las autoridades, mantiene en vilo a la comunidad educativa, que teme que muchos estudiantes no logren retomar su formación académica de manera regular.