Alrededor de 400 familias residentes en los complejos urbanísticos OPPE 30 y 34, situados en la parroquia Caraballeda del estado La Guaira, han elevado una solicitud formal ante la Comisión de Habitabilidad y Vivienda. El objetivo principal de este requerimiento es que las autoridades competentes procedan a la actualización de la clasificación oficial de sus edificaciones, un paso que consideran indispensable para poder gestionar créditos bancarios destinados a la adquisición de nuevas soluciones habitacionales.

Los afectados, tanto propietarios como inquilinos, sostienen que sus viviendas quedaron en condiciones de inhabitabilidad tras el doble terremoto ocurrido el pasado 24 de junio. A pesar de que los inmuebles presentan marcajes de inspección en color rojo, lo cual indica un acceso restringido, las fichas técnicas cargadas en el sistema público no reflejan la categoría de "edificación colapsada". Esta discrepancia entre la realidad física de las estructuras y el registro administrativo ha generado un bloqueo en los trámites financieros.

Según explicaron los vecinos, las entidades bancarias, tanto públicas como privadas, exigen como requisito indispensable para la aprobación de fondos de reubicación que los documentos certifiquen explícitamente la pérdida total o el colapso de la estructura. La actual nomenclatura de "acceso no permitido", aunque denota peligro, resulta insuficiente para cumplir con las normativas bancarias vigentes, dejando a las familias en un limbo administrativo que se prolonga desde hace más de tres meses.

Los residentes denunciaron que, durante este periodo, el acceso al registro digital fue bloqueado, complicando aún más la situación. Félix Pineda, uno de los vecinos afectados, señaló que la banca requiere específicamente la etiqueta de "colapsada" para avanzar con los créditos. Por su parte, Oriana Cardona, otra de las damnificadas, relató que inicialmente las edificaciones sí aparecían bajo la categoría de colapsadas en el sistema, pero posteriormente esa información fue restringida y, tras nuevas inspecciones, se mantuvo la etiqueta roja de acceso no permitido, la cual no es aceptada por las instituciones financieras para procesar las solicitudes.

Ante este estancamiento, las comunidades organizadas del litoral central han solicitado a los organismos competentes la realización de un nuevo levantamiento técnico sobre el terreno. El propósito es corregir las inconsistencias detectadas en el catálogo de daños y lograr que los certificados de riesgo se ajusten a la realidad de las infraestructuras.

La expectativa de las familias de los complejos OPPE 30 y 34 es que la Comisión de Habitabilidad y Vivienda atienda prontamente esta petición de reevaluación. La corrección en el registro oficial es vista por los damnificados como la única vía posible para completar los requisitos exigidos por la banca y, finalmente, acceder a los programas de financiamiento necesarios para obtener viviendas sustitutivas tras los eventos sísmicos que destruyeron sus hogares.