A dos meses del doblete sísmico que sacudió a Venezuela, dejando un saldo de más de 6.500 personas entre fallecidos, desaparecidos y damnificados, la situación para los afectados en Caracas sigue siendo crítica. Familias que perdieron sus viviendas o cuyos edificios fueron declarados inhabitables continúan pernoctando en plazas, aceras y calles de la capital, enfrentando no solo la precariedad de los refugios improvisados, sino también las consecuencias de las intensas lluvias recientes.

En la parroquia Altagracia, específicamente en la plaza El Forum frente a la Biblioteca Nacional, once familias permanecen a la intemperie desde el día del sismo. Los residentes relatan que los aguaceros del último fin de semana destruyeron sus toldos y mojaron sus pertenencias, incluyendo colchones y ropa. A esta situación climática se suma la falta de servicios básicos, como la electricidad, que ha dejado la zona a oscuras durante varios días, y la escasez de agua potable, un recurso que los damnificados deben gestionar por sus propios medios ante la disminución de la ayuda oficial.

La desatención gubernamental es una queja recurrente en distintos puntos de la ciudad. En los alrededores del Panteón Nacional, los vecinos del edificio Bel Air denuncian que las labores de reparación avanzan con lentitud y poca supervisión. Según los afectados, las autoridades solo intervinieron tras ser abordadas directamente por los ciudadanos, quienes aseguran que la ayuda alimentaria y los suministros de emergencia provienen mayoritariamente de donaciones particulares y organizaciones no gubernamentales, no de los programas estatales.

En la parroquia Santa Rosalía, la realidad es similar para las 115 familias del edificio OP10 y la pensión Sucre. Aunque han recibido apoyo de iglesias y otras organizaciones, las precipitaciones han deteriorado las carpas que servían de refugio temporal. Los habitantes expresan su preocupación por la insuficiencia de las raciones de comida, las cuales se distribuyen de manera uniforme sin considerar el tamaño de cada núcleo familiar, lo que obliga a muchos a racionar sus alimentos de forma extrema.

La incertidumbre sobre el futuro de sus hogares es otro factor que agrava la crisis. Mientras algunos edificios esperan evaluaciones técnicas definitivas para determinar si son reparables, otros enfrentan cambios en sus clasificaciones de riesgo sin que esto se traduzca en soluciones habitacionales inmediatas. Los damnificados advierten que la emergencia se ha prolongado más allá de los daños estructurales iniciales, convirtiéndose en una crisis humanitaria donde la falta de refugios adecuados y la vulnerabilidad ante el clima ponen en riesgo constante a niños y adultos mayores.

A pesar de los llamados reiterados a las autoridades para acelerar las inspecciones técnicas y mejorar la atención en los campamentos temporales, las familias afectadas señalan que la respuesta oficial ha sido insuficiente. Ante este panorama, los vecinos han tenido que organizarse internamente, estableciendo turnos de vigilancia para garantizar la seguridad en sus improvisados asentamientos, mientras esperan una fecha definitiva para el retorno a sus viviendas.