El sector transporte en Venezuela ha alzado su voz ante el Ejecutivo nacional para exigir la implementación de un plan integral de recuperación vial. Representantes de la Central Única de Autos Libres y por Puestos de Venezuela, órgano que agrupa a los bloques de transporte de Caracas, denunciaron que el deterioro de la infraestructura vial, tanto en sectores populares como en carreteras que conectan con el interior del país, ha generado un incremento significativo en los costos de mantenimiento de las unidades. Según Hugo Ocando, presidente de la organización, los daños en cauchos y trenes delanteros son consecuencias directas de las fallas de borde y los huecos en las vías.

Los transportistas sostienen que las labores de reparación actuales son insuficientes y se concentran únicamente en tramos visibles de autopistas y avenidas principales. Ocando señaló que rutas periféricas y zonas como la parroquia Antímano sufren un abandono evidente. Ante esta situación, el gremio consignó un documento el pasado 19 de agosto ante el Ministerio de Transporte, en el cual detallaron el estado crítico de las calles, la falta de demarcación, el deterioro de los semáforos y la ocupación irregular de las paradas por parte de trabajadores informales. Esta problemática, según reportes recibidos por el gremio, se extiende a vías agrícolas en estados como Guárico.

En paralelo a la crisis de infraestructura, el sector demanda una revisión urgente de la tarifa del pasaje urbano. Actualmente, el costo se mantiene en 0,25 dólares, anclado a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), un monto que los transportistas califican de insuficiente para cubrir los gastos operativos. José Luis Montoya, vicepresidente de la asociación, enfatizó que la tarifa vigente no permite costear servicios básicos como el cambio de aceite, que puede rondar los 500 dólares. El gremio propone un ajuste a 0,70 dólares, argumentando que es necesario para garantizar la sostenibilidad del servicio y la movilidad de los ciudadanos.

Otro punto de fricción es el sistema de suministro de combustible. Los transportistas han exigido al Gobierno la eliminación de la huella biométrica como mecanismo de control en las estaciones de servicio subsidiadas. Argumentan que las fallas técnicas en este sistema impiden el abastecimiento regular de las unidades, afectando especialmente a los trabajadores del interior del país. Además, solicitaron la libertad de horarios y la posibilidad de acceder a cualquier estación de servicio, señalando que la obligación de surtir en horas de la mañana interrumpe el servicio durante los momentos de mayor demanda de pasajeros.

Finalmente, el gremio advirtió sobre el estado crítico de la flota de transporte, considerada la más antigua de América Latina. Ante la falta de subsidios, créditos o capacidad financiera para renovar los vehículos, los transportistas expresaron su preocupación por la opacidad en torno a la planta Yutong y la escasa incorporación de unidades nuevas al sistema público. Ocando reiteró que, para mejorar la movilidad nacional, es indispensable que el Ejecutivo reactive la producción e incorpore unidades modernas, adaptadas especialmente para personas de la tercera edad y usuarios con discapacidad.