Más de 1.600 familias que perdieron su vivienda principal tras el doble terremoto registrado recientemente en Venezuela han comenzado a recibir la preaprobación de créditos sociales para la adquisición de nuevos inmuebles. Esta medida, enmarcada en el plan denominado “Venezuela Renace”, busca ofrecer una solución habitacional inmediata a los damnificados, permitiendo el acceso a financiamientos con un plazo de pago de 25 años y una tasa de interés del 5%.

El programa contempla la compra de viviendas con precios de hasta 100.000 dólares, incluyendo un subsidio que oscila entre el 50% y el 80% del valor total, dependiendo del costo del inmueble. Según información recabada en entidades como el Banco de Venezuela y el Banco Digital de los Trabajadores (BDT), los beneficiarios, previamente censados tras el colapso de edificios en Caracas y La Guaira, disponen de un plazo de 60 días para gestionar la compra definitiva. El monto asignado a cada familia está sujeto a un análisis de perfil crediticio realizado por la institución financiera correspondiente.

Además de las entidades públicas, el programa ha integrado a cuatro instituciones privadas: Banco Nacional de Crédito (BNC), BBVA Provincial, Banesco y Mercantil. No obstante, especialistas advierten que, a pesar de este avance, la situación general del mercado hipotecario en el país sigue siendo compleja. La reactivación de los créditos tradicionales para el resto de la población, como jóvenes profesionales o parejas que buscan su primera vivienda, continúa siendo un desafío pendiente para el sistema bancario nacional.

El economista Aarón Olmos, profesor del IESA, señaló que los fondos destinados a estos créditos sociales no provienen de las captaciones habituales de la banca nacional, sino de recursos externos, principalmente de los 346 millones de dólares puestos a disposición por el Fondo Monetario Internacional (FMI) tras los sismos. Este mecanismo de financiamiento excepcional subraya la diferencia entre la atención a la emergencia y la operatividad regular del sistema bancario.

Por su parte, el investigador Hermes Pérez, de la Universidad Metropolitana, destacó la fragilidad de la cartera crediticia en el país. Al cierre de la primera semana de septiembre de 2026, esta representaba apenas el 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, una cifra que, según el experto, es significativamente inferior a la de otras economías de la región. Pérez comparó el volumen crediticio venezolano con el de ciudades pequeñas de países vecinos, enfatizando la necesidad de cambios estructurales.

Para que el crédito hipotecario tradicional retorne a esquemas de largo plazo, los expertos coinciden en que se requieren medidas económicas profundas. Actualmente, factores como una inflación que superó el 500% a finales de agosto y un encaje bancario del 73% —vigente desde 2019— limitan la capacidad de los bancos para utilizar sus depósitos en la concesión de préstamos. Mientras estas condiciones persistan, el acceso al financiamiento para la vivienda seguirá restringido, limitándose en gran medida a programas de emergencia.