La investigación judicial en torno al denominado "Caso Sartor" ha sumado un nuevo capítulo de relevancia tras la tercera jornada de formalización, centrada en las operaciones de Azul Azul, la concesionaria que gestiona al club de fútbol Universidad de Chile. Durante la audiencia, el fiscal Juan Pablo Araya expuso ante el tribunal antecedentes que vinculan directamente a altos directivos de la institución con acuerdos contractuales que han despertado el interés de la justicia. La revelación principal giró en torno a un documento de confidencialidad firmado el 6 de mayo de 2022, el cual establece obligaciones estrictas para el gerente deportivo del club, Manuel Mayo.

Según lo expuesto por el Ministerio Público, dicho acuerdo fue suscrito entre FIP Tactical Sports, entidad representada por Michael Clark —quien se desempeñaba como presidente del directorio de Azul Azul—, y el propio gerente deportivo. El contrato estipula que Mayo debe mantener reserva absoluta sobre información sensible de la organización, incluyendo los valores de mercado de los jugadores, los detalles de los traspasos, las negociaciones mantenidas con otras instituciones, como Huachipato, y las decisiones estratégicas adoptadas en el Centro Deportivo Azul. Esta revelación busca esclarecer los mecanismos de control y transparencia dentro de la administración del club.

Además de este acuerdo de confidencialidad, la Fiscalía presentó ante el tribunal pruebas sobre un contrato laboral que ha sido calificado en la instancia judicial como "fantasma". De acuerdo con los antecedentes expuestos, este documento asignaba a Michael Clark un sueldo mensual de 13 millones de pesos, bajo la figura de director y presidente de la entidad. Este hallazgo se suma a las diversas aristas que el ente persecutor está analizando para determinar posibles irregularidades en la gestión financiera y administrativa de la concesionaria deportiva.

En el plano de las medidas cautelares, el proceso judicial sigue avanzando con decisiones diferenciadas para los involucrados. Mientras el Ministerio Público mantiene su postura de solicitar la prisión preventiva para Michael Clark, el tribunal determinó una medida distinta para Alfredo Harz, quien quedó bajo arresto domiciliario. Con esta resolución, Harz se convierte en el quinto imputado en este caso en recibir medidas cautelares por parte de la justicia, reflejando la complejidad y el alcance de la investigación en curso.

La audiencia de formalización, que ha captado la atención tanto del ámbito deportivo como del judicial, no concluyó con la jornada de este lunes. El tribunal ha programado la continuación de las sesiones para este martes, donde se espera que se sigan debatiendo los antecedentes presentados por la Fiscalía y las defensas de los imputados. La investigación continúa profundizando en las estructuras de poder y los contratos suscritos dentro de Azul Azul, marcando un precedente importante en la fiscalización de las sociedades anónimas deportivas en el país.